La Policía registra la sede del partido de Le Pen e incauta documentos en busca de pruebas de financiación irregular

Se trata de una nueva etapa de las «dificultades» de Le Pen con la justicia francesa y europea. A finales del mes de marzo pasado, Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), fue condenada por el Tribunal de París por el delitos de extorsión de fondos al Parlamento Europeo. Le Pen presentó un recurso que aplaza el cumplimiento de la condena: cuatro años de prisión (dos de ellos en firme), cinco de inhabilitación, con ejecución inmediata, y una multa de 100.000 euros.

La tarde del martes, la Fiscalía Europa (FE) abrió una nueva investigación judicial contra Marine Le Pen y varios de sus aliados del eurogrupo Identidad y Democracia (ID), sospechosos del presunto delito de «gastos injustificados» por un montante de 4,3 millones de euros, entre 2019 y 2024. Según Jordan Bardella, el número dos del partido de Le Pen, la Policía y los jueces de instrucción registraron y embargaron todos los documentos del partido relacionados con las últimas campañas regionales, presidenciales, legislativas y europeas, «que han pasado a estar en manos de la justicia».

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La importancia espectacular de esos embargos ilumina el alcance nacional y europeo de una operación policial y judicial sin precedentes. La justicia francesa se dispone a estudiar y descubrir eventuales ilegalidades regionales, nacionales y europeas, cuando la fundadora de AN está envuelta en un macro proceso judicial, nacional y europeo que puede hipotecar la carrera política de la hija de Jean-Marine Le Pen, el patriarca difunto de la extrema derecha francesa.

Marine Le Pen ha presentado todo tipo de recursos y suspensiones de su primera condena por extorsión de fondos al Parlamento Europeo (PE), esperando poder «salvar» su posible candidatura en la próxima elección presidencial, en 2027, o mucho antes, si se produce una nueva convocatoria de elecciones anticipadas.

Sin embargo, las sospechas de la Fiscalía Europea la tarde del pasado martes, y la operación policial y judicial de la mañana de este miércoles, multiplican de manera espectacular las sospechas e incertidumbres.

Visiblemente perturbado por la irrupción de la policía y los jueces en la sede de su partido y en su despacho personal, Jordan Bardella, el heredero político de Marine Le Pen, se apresuro a poner el grito en el cielo: «En la historia de la V República, ningún partido de oposición ha sido víctima del acoso que nosotros sufrimos. Se trata de un atentado grave contra el pluralismo y la alternancia democrática».

Jean-Philippe Tanguy, presidente delegado del grupo AN en la Asamblea Nacional, sustituto «de facto» de Marine Le Pen, ha comentado la redada y el embargo policial de este modo: «Un año después de robarnos las elecciones, el sistema político continua con sus bajas obras. Las instituciones están amenazadas por las bandas que desean guardar el poder a todo precio».

Tras esas declaraciones de Bardella y Tanguy, los dirigentes de extrema derecha parecen temer que, efectivamente, los problemas jurídicos de Marine Le Pen y las graves sospechas que pesan sobre el comportamiento económico de su partido terminen teniendo un costo político devastador.

Hasta ahora, desde hace años, Le Pen se cotiza como potencial candidata victoriosa en una elección presidencial. Su partido es ya el primer partido de Francia, capaz de «salvar» o «hundir» al gobierno con un voto de censura en la Asamblea Nacional. Los amenazantes nubarrones judiciales amenazan el futuro político de Le Pen, que puede precipitar una crisis de la estabilidad gubernamental cuando lo considere oportuno.