La Policía de Brasil desvela documentos en los que Bolsonaro pide asilo político al presidente Milei
El juez Moraes da 48 horas al expresidente para explicar su plan de asilo en Argentina
Los senadores bolsonaristas bloquean el Congreso brasileño tras la prisión domiciliaria al expresidente
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro saluda al presidente argentino Javier Milei durante la conferencia CPAC Brasil celebrada en Santa Catarina, Brasil, el 7 de julio de 2024
La Policía Federal brasileña destapó una serie de audios que complican aún más la situación del expresidente Jair Bolsonaro a pocas semanas de su juicio en la Corte Suprema. El juez Alexandre de Moraes ha imputado a Bolsonaro y a su hijo, ... el diputado licenciado Eduardo Bolsonaro, por sospecha de obstrucción a la justicia. En esta nueva decisión el juez le ha ordenado al exmandatario que aclare, en un plazo de 48 horas, un presunto plan para pedir asilo en Argentina, lo que confirmaría la tesis de la fiscalía de «riesgo de fuga comprobado» y el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al expresidente.
La orden del juez se basa en el análisis de mensajes y audios obtenidos en la investigación de la Policía Federal, que señalan que el exmandatario y su hijo discutieron estrategias para presionar al Supremo desde el exterior. El documento, redactado en febrero de 2024, describe un borrador de solicitud de asilo político ante el presidente argentino, Javier Milei, producido por la esposa del hijo mayor del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro. «La investigación identificó que el documento fue guardado en el teléfono móvil de Jair Messias Bolsonaro el día 10/2/2024, dos días después de la Operación (policial) Tempus Veritatis», destacó en su decisión el juez Moraes.
El abogado de Bolsonaro, Paulo da Cunha Bueno, confirmó la existencia de la propuesta, pero señaló que su cliente la rechazó. «Esta propuesta ocurrió hace más de un año y medio, y él la rechazó», aseguró Cunha Bueno. «La fuga nunca fue una opción. Después de rechazar la idea del asilo, el expresidente no solo se quedó en Brasil, sino que estuvo presente en todos los actos del proceso en su contra, incluso en aquellos para los que no fue convocado», afirmó el abogado.
El nuevo informe de la Policía Federal complica la situación de Bolsonaro, que se encuentra en prisión domiciliaria, y de su hijo Eduardo, que en marzo se mudó a Estados Unidos para pedir el apoyo del presidente de ese país, Donald Trump. El informe detalla que, después de que el Supremo le prohibiera usar las redes sociales, Bolsonaro «compartió vídeos a más de 300 destinatarios varias veces» a través de la red WhatsApp. Este patrón de comportamiento, según los investigadores, es el mismo que el de las «milicias digitales», caracterizado por la «difusión en alto volumen, por multicanales, de forma rápida, continua, utilizando a personas con posición de autoridad ante el público objetivo para dar una falsa credibilidad a las narrativas propagadas».
A partir de esas nuevas pruebas, Moraes acusa a ambos de obstrucción y a Jair Bolsonaro por violar las medidas cautelares que le fueron impuestas en julio. «La Policía Federal verificó la intensa actividad de Jair Messias Bolsonaro en la producción y propagación de mensajes destinados a las redes sociales, en claro enfrentamiento a la medida cautelar anteriormente impuesta», afirmó el juez, que está siendo perseguido por el Gobierno Trump a petición de los Bolsonaro.
Un poderoso pastor evangélico
Como parte de esta fase de la investigación, el pastor Silas Malafaia, un influyente líder neopentecostal y firme aliado de Bolsonaro, también ha sido objeto de medidas judiciales. La Policía Federal le incautó el teléfono móvil y canceló sus pasaportes al aterrizar en Río de Janeiro el miércoles. Al fundador de la iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo le ha sido prohibido comunicarse con Jair y Eduardo Bolsonaro después que la policía encontrara mensajes entre ellos que demuestran inclusive una relación tensa entre Eduardo y su padre. El informe policial también recoge mensajes en los que Malafaia le dice a Jair que Eduardo es un «cretino» y «un estúpido de marca mayor» por su posición «nacionalista» con la que no concuerda.
Las mismas comunicaciones también revelan el rol de Malafaia como consejero de Bolsonaro y su interferencia en las estrategias de ultraderecha brasileña. «Hay que presionar al Tribunal Supremo diciendo que si hay una amnistía amplia y total, la tarifa será suspendida. También se puede usar el siguiente argumento: NO QUEREMOS VER SANCIONES CONTRA LOS JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y SUS FAMILIAS. ¡Les importa un carajo! La cuestión de la tarifa es justicia y libertad, no económica», dijo el pastor en un mensaje del 13 de julio sobre la estrategia que Bolsonaro debería seguir y refiriéndose a las sanciones financieras que Trump le ha impuesto a los jueces brasileños y sus familias al aplicarles la Ley Magnitsky.
Peleas entre el expresidente y su hijo
Los audios entre Malafaia y Jair son siempre con un lenguaje grosero y los textos usan mayúsculas para reforzar las órdenes. Esta estrategia, según la Fiscalía, busca coaccionar a las autoridades judiciales y se suma a la larga lista de acusaciones. Los audios también revelan peleas entre Jair y Eduardo, que le hace constantes reproches a su padre y reclama de tener que quedarse en Estados Unidos. «Me tengo que quedar en esta mierda», le dice Eduardo a su padre, quejándose por no poder vivir en Brasil.
Esta investigación se suma al proceso judicial principal, cuyo juicio ha sido programado para el 2 de septiembre. El juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala de la Corte, reservó varias sesiones para analizar la acción penal contra el expresidente y otros siete acusados del «núcleo crucial» de un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Bolsonaro, señalado por la Fiscalía como el «principal articulador», se enfrenta a cargos de organización criminal armada, intento de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos.
El juicio, que será transmitido en directo a través de los canales oficiales del Supremo, busca determinar la responsabilidad de los ocho acusados en la trama. La narrativa de la Fiscalía sostiene que el plan golpista se ideó desde 2021 y culminó con la invasión y ataque de las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023. Las nuevas revelaciones complican ahora las tesis de la defensa justo en el momento en que el proceso entra en su fase más decisiva.