Un polémico proyecto de ley despierta temores de censura entre los periodistas ucranianos

Las disposiciones individuales presentan los aspectos más polémicos. Se propone que cualquier información que «viole» la presunción de inocencia será «no fiable». Es decir, informar, con pruebas, sobre un presunto delito sin veredicto de por medio no será considerada válida. «Hasta que haya una decisión judicial, todas las insinuaciones sobre un corrupto son falsas», alertó el periodista ucraniano Oleksa Shalayskyi, que dirige el proyecto de investigación Nashi Hroshi.

«Entre otras cosas, el proyecto de ley amplía la posibilidad de censura previa» y «supone una amenaza de violación del artículo 10 del Convenio sobre Derechos Humanos», denuncian los expertos del Instituto de Información de Masas, una de las instituciones encargadas de velar por el respeto a la libertad de información en Ucrania.

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Se amplia el derecho a réplica «independientemente de la fiabilidad de la información difundida…». Lo que se traduce en que los medios tendrán la obligación de publicar una «repuesta» a sus informaciones, aunque los datos publicados sobre la persona en concreto sean verdaderos y verificables. Además, se podrá presentar demandas y recibir indemnizaciones por «daño moral si los juicios de valor se expresan en forma que degrade la dignidad, el honor o la reputación». Lo que podría generar una cascada de demandas contra periodistas que publiquen informaciones críticas, advierten expertos.

«Los periodistas de investigación corren el riesgo de que se les prohíba publicar material sin condenas, de enfrentarse a demandas millonarias y de ser sometidos a censura judicial», destacan desde el Centro de Acción Anticorrupción (AntAC).

«Esto sin duda destruirá el control editorial y los estándares profesionales del periodismo, y convertirá a los medios en simples micrófonos que estarán obligados a conceder tiempo de emisión a cualquiera que haya sido mencionado», denuncia Oksana Romanyuk, directora del Instituto de Información de Masas.

Otra de las cuestiones que más polémicas es el «derecho al olvido». Cualquier ciudadano ucraniano podrá solicitar la eliminación o el bloqueo de alguna información si es «irrelevante» o ha «perdido interés público». Uno términos clave que no están definidos en el propio texto jurídico.

Desde el poder afirman que el objetivo del proyecto de ley es «crear un sistema moderno de protección de los derechos humanos y civiles», afirmó el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk. El comentario de Stefanchuk se produjo precisamente después de que varios profesionales de la información dieran la voz de alarma sobre los aspectos controvertidos.

Uno de los diputados que impulsaron la norma, Yaroslav Yurchyshyn, jefe del comité parlamentario sobre libertad de expresión, manifestó al 'Kyiv Independent' que «si se hubieran involucrado desde el principio, se podrían haber evitado muchos conflictos». Yurchyshyn retiró su apoyo al proyecto después de las polémicas.

«Los individuos corruptos obtienen un mecanismo legal para ocultar sus propios abusos, bloquear la exposición y purgar el espacio mediático de materiales inconvenientes», apuntan en su conclusión los expertos de AntAC.

No es la primera vez que el Parlamento ucraniano desata la polémica con sus propuestas legislativas. En 2024, los legisladores trataron de sacar adelante una norma que pretendía imponer penas de hasta 8 años de cárcel por acceso o difusión de información confidencial. Una norma que no salió adelante. Y en este 2025, el poder político tuvo que dar marcha atrás, tras varios días de protestas, en otra norma que atentaba con la independencia de Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y contra la Fiscalía Anticorrupción (SAPO).