El 'plan Meloni' contra la violencia juvenil: condenas como adultos y retirada de custodia a los padres

La mano dura del Ejecutivo llega tras el asesinato de un músico de 24 años en Nápoles a manos de un menor de 16 años, después de una banal discusión sobre un aparcamiento. La nueva normativa del Gobierno se recoge en el decreto Caivano, en respuesta a la violación de dos primas de 10 y 12 años por una manada de una docena de menores y dos jóvenes de 18 y 19 años, entre ellos algunos hijos de la Camorra, un acto criminal que sucedió precisamente en el barrio Parque Verde del municipio de Caivano, a una veintena de kilómetros de Nápoles. Unos días antes, una joven de 19 años fue violada en Palermo por una manada de siete jóvenes, de entre 18 y 22 años, que filmaron la agresión, un delito que también sacudió al país.

El Consejo de Ministros aprobó aumentar las penas de prisión por posesión de drogas, tráfico y producción de drogas ligeras. Se posibilita que adolescentes mayores de 14 años sean detenidos por tráfico de drogas, así como por violencia contra un funcionario público, además de penas más severas también para el delito de tenencia ilegal de armas.

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A partir de ahora, será más fácil que los menores de 18 años acaben en prisión: en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, el umbral de pena que permite la aplicación de medidas cautelares de custodia se reduce de 9 a 6 años. En otras palabras, esto significa lo siguiente: ahora un niño que comete un delito puede ser encarcelado o permanecer bajo arresto domiciliario antes de recibir sentencia sólo si la pena por ese delito es superior a 9 años, en la práctica, si ha cometido un asesinato. Al bajar el umbral a 6 años, la medida cautelar también se activará para otros delitos, como los robos.

Está prevista una nueva norma para luchar contra el abandono escolar: se prevé una pena de hasta dos años de prisión para los padres de niños que no asistan a la escuela obligatoria. En este caso, la familia también perdería el subsidio de inclusión. Entre las novedades está también el hecho de que cualquier conexión del menor con bandas juveniles puede conducir a la pérdida de la patria potestad: la denuncia por parte de un magistrado a la fiscalía de menores de que un menor está involucrado en una asociación criminal de tipo mafioso o de narcotráfico, «no necesariamente como autor del delito, podría ser el inicio de la pérdida de la patria potestad», afirmó el ministro de Justicia Nordio.

No se han incluido en el decreto dos medidas de las que se ha hablado mucho en las últimas horas: limitar a los menores el acceso a sitios pornográficos y bajar la edad de responsabilidad penal, desde los 14 a los 12 años. Esta última propuesta, muy polémica, promovida sobre todo la Liga de Matteo Salvini, dividió a los ministros y al final fue eliminada.

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha explicado en rueda de prensa la importancia de este decreto ley: «En el pasado, el Estado daba la señal de que era mejor no involucrarse en algunas cuestiones, porque dar la cara podía ser peligroso. En cambio, creo que hoy esta es una señal de un Estado que decide dar la cara», afirmó Meloni. «Debemos abordar con determinación la cuestión del abandono escolar -añadió-; hay que garantizar la escolarización obligatoria. No más menores caminando armados». La líder de Hermanos de Italia subrayó que las medidas aprobadas «no son normas represivas, sino preventivas»: «Hemos asignado los primeros 30 millones de euros, pero el Gobierno no los considera suficientes; se asignan todos los recursos necesarios para superar este desafío. Si se necesitan otras reglas, seguiremos adelante».

La oposición manifestó que luchará contra algunas medidas. Para la senadora de la Alianza Verde y de la izquierda italiana, Ilaria Cucchi, «aumentar las penas para los menores es una pura locura». La Garante para la Infancia y la Adolescencia, Carla Garlatti, también se mostró preocupada por las nuevas medidas anunciadas y envió una nota a la Primera Ministra Giorgia Meloni: «No se puede simplemente tener un enfoque represivo, el menor que comete errores ciertamente debe ser castigado, pero esto es no es suficiente. Es necesario ante todo invertir en prevención, fortaleciendo las intervenciones educativas», subrayó la Garante Carla Garlati.