Pese a la sentencia del Supremo, un juez bloquea la orden de Trump contra el acceso a la ciudadanía por nacimiento

La decisión, tomada este jueves, se produce semanas después de que el Tribunal Supremo otorgara una victoria decisiva al presidente de EE.UU., con una sentencia en la que tumbó la capacidad de los jueces de instancias inferiores de imponer bloqueos nacionales a las órdenes ejecutivas. Este había sido uno de los escasos frenos al ímpetu ejecutivo de Trump en su segundo mandato, que arrancó con una cascada de decretos presidenciales con el objetivo de transformar el país y que los críticos consideran que suponen, en muchos casos, abuso del poder del cargo de presidente.

El juez de New Hampshire, Joseph Laplante, ha utilizado la ventana que el propio Supremo dejó abierta para tratar de conseguir que una orden que se considera inconstitucional pueda ser bloqueada con amplitud de forma preventiva mientras se ventila el caso en tribunales: la interposición de demandas colectivas, un instrumento jurídico habitual en EE.UU. por el que todo aquel que se considere afectado por el hecho demandado puede sumarse a la acción legal.

Las organizaciones de derechos de inmigrantes solicitaron al juez que permitiera la existencia de 'clase' –el colectivo de potenciales afectados por la orden– a la que se pudieran sumar todos los hijos de inmigrantes indocumentados que pudieran ser afectados por la orden de Trump. La petición se realizó pocas horas después de que el Supremo dictara contra los bloqueos nacionales, pero permitiera el subterfugio de las demandas colectivas. Según algunas estimaciones, cerca de 150.000 recién nacidos podrían quedarse sin acceso a la ciudadanía cada año si se cumple la orden de Trump.

El juez, contra la posición de la Administración Trump, les dio la razón. «Es un daño irreparable», argumentó el magistrado sobre la pérdida de acceso a ciudadanía. «Es el mayor privilegio que existe en el mundo».

La cuestión de fondo, si la orden de Trump es constitucional o no, todavía no ha sido tratada por las instancias judiciales inferiores ni por el Supremo. La cuestión central es la interpretación de la 14ª enmienda a la Constitución, aprobada tras la Guerra Civil y que se redactó para que los hijos de los esclavos negros pudieran acceder a la ciudadanía. Pero el texto constitucional establece con claridad que «todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de EE.UU. y del estado en el que residen».

Trump ha defendido que los inmigrantes indocumentados abusan de un texto que se creó solo para el acceso a la ciudadanía de la población hasta entonces esclavizada.

El juez ha dado unos días a la Administración Trump para recurrir su decisión, por lo que el bloqueo nacional a su orden ejecutiva no está todavía en pie.