El Pentágono retiene las pruebas de los crímenes rusos en Ucrania
Los militares temen que facilite procesar a estadounidenses ante La Haya en el futuro
Biden tilda a Putin de «criminal de guerra» y el Kremlin lo califica de «inaceptable e imperdonable»
Joe Biden calificó a Vladímir Putin de «criminal de guerra» hace casi un año, cuando todavía no se había cumplido un mes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El presidente de EE.UU. se reafirmó en la acusación a su ... homólogo ruso poco después, cuando el mundo descubrió los horrores de Bucha, la ciudad al norte de Kiev en la que las tropas del Kremlin habían perpetrado una matanza de civiles, incluido lo que parecían ejecuciones sumarias.
Biden llamaba entonces a recopilar pruebas de esas atrocidades para llevar a Putin ante la Justicia. Sin embargo, esas evidencias, y muchas más que en el transcurso de la guerra han podido recopilar los servicios de Inteligencia de EE.UU., podrían no servir de mucho: el Pentágono está bloqueando su envío a la Corte Internacional Penal de La Haya (TPI).
Poco después de la invasión de Ucrania, el fiscal principal del TPI, Karim Khan, abrió una investigación sobre «alegaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio» cometidos en el país. La información relevante en manos estadounidenses podría servir para apuntalar las pesquisas sobre la toma de decisiones de mandos rusos sobre el ataque a infraestructura civil o sobre el secuestro y envío a Rusia de miles de niños ucranianos.
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Así lo asegura 'The New York Times', que apunta a que los mandos militares estadounidenses temen que una cooperación con el tribunal podría sentar un precedente perjudicial para los intereses de la primera potencia mundial: allanaría el camino para que el TPI procesara a ciudadanos estadounidenses.
Decisión del presidente
El resto de la Administración Biden, según esa información, estaría a favor de compartir las evidencias con los investigadores del CPI, una posición de la que participan las agencias de Inteligencia y el Departamento de Estado. La decisión final está en manos de Biden, y el presidente todavía no ha tomado una determinación.
El episodio forma parte de la compleja relación entre EE.UU. y el TPI, al que Washington siempre ha mirado con recelo. El organismo fue creado en 1998 para la investigación de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad dentro del Estatuto de Roma, en plena conmoción por las atrocidades sufridas en Ruanda y en la antigua Yugoslavia.
El Gobierno de Bill Clinton firmó el tratado en 2000, en el último suspiro de su segunda presidencia, pero no lo envió al Congreso para su ratificación. Su sucesor, George W. Bush, sacó a EE.UU. del tratado en 2002, mientras que, por su parte, el Congreso limitó la manera en la que el Gobierno podía cooperar con las investigaciones del TPI.
A favor de entregar los documentos al TPI están el resto de la Admnistración Biden, la Inteligencia y el Departamento de Estado
Las relaciones de EE.UU. con el tribunal se endurecieron en 2017, cuando el TPI trató de investigar las alegaciones de tortura a detenidos por terrorismo durante la llamada 'guerra contra el terror' de Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El entonces presidente, Donald Trump, impuso sanciones contra el TPI.
Esas sanciones fueron revocadas por la actual Administración Biden y el TPI retiró las investigaciones contra EE.UU. La distensión se intensificó con la agresión de Putin contra Irak, cuando las voces para una mayor cooperación con el tribunal crecieron tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. Este último aprobó el pasado diciembre dos leyes para facilitar que las autoridades rusas fueran procesadas. Una de ellas imponía una excepción a la prohibición de dar fondos al TPI si se trataba de «investigaciones y procesamientos a extranjeros relacionados con la situación en Ucrania, incluido el apoyo a víctimas y testigos».
Críticas y ambigüedad
El senador republicano Lindsey Graham ha mostrado ahora su malestar con la posición del Pentágono después de que el poder legislativo diera esos pasos con apoyo de ambos partidos: «Cuanto antes pongamos esa información en manos del TPI, más se beneficiará el mundo», dijo al diario neoyorquino.
La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, confirmó el mes pasado en la conferencia de seguridad de Múnich que EE.UU. había determinado que Rusia había cometido crímenes contra la humanidad y que apoyará «el proceso judicial en Ucrania e investigaciones internacionales», sin referirse de forma específica al TPI. Pero la embajadora estadounidense para Justicia penal global, Beth van Schaack, aseguró la semana pasada que «EE.UU. apoya la investigación del fiscal del TPI».
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