¿Por qué el procesamiento de Trump es tan necesario como peligroso?

A pesar de todo el morbo y servilismo del Partido Republicano que ha generado este caso, Donald Trump va a ser procesado fundamentalmente por utilizar dinero para influenciar el resultado de su elección presidencial en 2016: 130.000 dólares para convertir en mudita a la siliconada Stormy Daniels sobre un tórrido quelque chose ocurrido en 2006. En contra de las apariencias, no es sexo, es corrupción. Es dinero y poder político, por mucho que en España pudiera considerarse lo ocurrido como exculpatoria malversación de la buena.

Desde un punto de vista jurídico este caso es extremadamente complejo pese al banal sensacionalismo que lo acompaña. Para comprar el silencio de la actriz porno, Michael Cohen, por entonces abogado para asuntos turbios de Trump, le pagó 130.000 dólares poco antes de las elecciones que convirtieron la Casa Blanca en un lamentable 'reality show'. El dinero salió del bolsillo de Cohen, supuestamente por orden de su jefe. Más tarde, Trump firmó personalmente cheques para reembolsar a Cohen. Esos pagos fueron falsamente marcados como gastos legales por la Trump Organization, su empresa inmobiliaria.

La falsificación de documentos mercantiles constituye un delito menor en el Estado de Nueva York. Para que el presunto fraude en la contabilidad de la empresa de Trump se considere un delito en toda regla, el fiscal del distrito debe demostrar que esa falta hizo posible algo más grave: no informar de lo que era, en efecto, un gasto de campaña. En 2018, el 'consigliere' Cohen ya se declaró culpable de violaciones de financiación de campaña relacionadas con el pago a Stormy, así como de evasión de impuestos, y cumplió poco más de un año en prisión. Sin embargo, Trump no fue acusado en ese momento porque el Departamento de Justicia opera bajo claras directrices que recomiendan no acusar a un presidente en ejercicio.

Trump lo niega todo. Se espera que sus abogados argumenten que Cohen aconsejó a su único cliente que el plan era legal. Aunque el expresidente fuera declarado culpable, es muy poco probable que el expresidente vaya a la cárcel. Si fuera condenado por un delito grave, la falsificación de registros mercantiles relacionada con la violación de las reglas de financiación de campañas electorales conlleva en el Estado de Nueva York una pena máxima de prisión de cuatro años que los acusados sin antecedentes raramente cumplen vez cumplen condena.

El gran problema para Trump es que este procesamiento es el primero, pero no el último. Su horizonte procesal es cada vez más naranja, no por el color de su piel sino por el uniforme carcelario habitual en las prisiones de Estados Unidos. Entre sus múltiples frentes abiertos destacan la apropiación ilegal de documentos clasificados, investigada por un fiscal especial; las pesquisas sobre el intento de robar y anular las últimas elecciones presidenciales del 2020, empezando por lo ocurrido en Georgia («me puedes encontrar 11.780 votos»); y una plétora de fraudes y responsabilidades civiles relacionadas con los negocios de Trump.

En el fondo, este caso es una prueba de fuego sobre la fortaleza de la cuestionada democracia más antigua del mundo. Y un juicio sobre la capacidad del populismo extremo para generar líderes intocables, capaces de transformar su popularidad electoral en una legitimidad muy particular. Con el resultado de un pedestal de impunidad que les sitúa por encima del estado de derecho o la rendición de cuentas exigible en todo sistema democrático.

El dilema que subyace en esta encrucijada tan complicada es que el procesamiento de Trump -y acabar con su inmunidad a las métricas más elementales de calidad democrática- es tan necesario como peligroso. Para cualquier otro político, este procesamiento supondría el final de su carrera. En el excepcional caso de Trump, la cuestión es hasta qué punto le servirá de combustible para prosperar en el inevitable caos que vamos a volver a ver en Estados Unidos.