Y el ganador es…

Es verdad que, desde el golpe de Estado del 2021, muchos legisladores y funcionarios han intentado reforzar y detallar el sistema electoral de EE.UU. para evitar otro posible intento de subvertir el resultado de unas elecciones presidenciales. También es cierto que existe una jurisprudencia más robusta para desestimar reclamaciones engañosas. Y, sobre todo, Donald Trump no se sienta en el despacho oval con todos los resortes del Gobierno a su disposición.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos por reforzar las instituciones democráticas de EE.UU., el riesgo de violencia política poselectoral es mucho mayor que hace cuatro años. Sobre todo, ante la conspiranoia trumpista que justifica medidas desesperadas para enfrentarse a tiempos desesperados. En última instancia, el proceso electoral que culminará el próximo martes requiere de la buena fe y confianza de sus ciudadanos, candidatos y partidos políticos.

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Entre el voto por correo y el voto anticipado, más de 67 millones de ciudadanos de EE.UU. han participado en este ciclo electoral. Sin esperar a los resultados, se han presentado más de doscientas demandas judiciales sobre la limpieza de los comicios. El argumento recurrente de la campaña de Trump es que se están admitiendo votos ilegales, insistiendo en la necesidad de «purgar» los censos electorales estatales. Aunque los tribunales están acelerando sus decisiones en casos que podrían afectar al resultado final, todavía quedan un centenar de demandas por dirimir. Al igual que lo hicieron tras 2020, los tribunales vuelven a funcionar como muro de contención contra las acusaciones más extravagantes que solo aspiran a entorpecer el proceso electoral.

En su victimismo electoral, Trump se apoyó en gran medida en las redes sociales para promover su «gran mentira» sobre las elecciones de 2020. Con la adquisición de Twitter, Elon Musk ha eliminado las barreras implementadas contra la desinformación electoral. Hasta convertir a X durante este ciclo electoral en una plataforma clave para la diseminación de teorías conspirativas a favor de Trump, con vía libre una vez más para la injerencia de Rusia acompañada en estos esfuerzos de desestabilización cada vez más por China e Irán. En las plataformas propiedad de Meta, incluida Facebook, la desinformación política es más difícil de rastrear después de que la empresa eliminara las herramientas de transparencia que periodistas e investigadores utilizaban para supervisar sus contenidos.

Ante la creciente probabilidad de que el ganador sea decidido por un solo condado, o por un margen nacional de poco más de 100.000 votos, la situación de empate técnico en la mayoría de las encuestas no hace más que incentivar las disputas poselectorales. Ante la ausencia de proporcionalidad en el reparto de votos electorales, los Estados en los que el margen de victoria sea extremadamente pequeño se enfrentan a lentos y combativos recuentos y la revisión con lupa de los votos provisionales (emitidos por votantes de elegibilidad incierta que debe determinarse a posteriori). Lo que impulsará litigios adicionales de impugnación.

Trump y sus aliados protagonizaron en 2020 un caótico esfuerzo por detener la certificación de las elecciones y organizar listas de electores falsos en varios Estados. Este año, la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano han organizado un aparato legal centrado exclusivamente en lo que llaman «integridad electoral», incorporando a docenas de veteranos abogados. A raíz de lo ocurrido hace cuatro años, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Recuento Electoral, que aclara que los gobernadores tienen la autoridad exclusiva para enviar la lista oficial de electores de su Estado al Congreso, eliminando la capacidad de las legislaturas estatales para remitir listas alternativas. La nueva ley también fija un plazo estricto para que los Estados certifiquen las elecciones y remitan sus listas de electores al Congreso. Este año, la fecha límite es el 11 de diciembre.

Si un candidato presidencial logra frustrar los numerosos controles del sistema, la responsabilidad pasará a los poderes Judicial y Legislativo en Washington. El Tribunal Supremo no tiene un papel específico definido en el proceso electoral. En 2020, incluso con una supermayoría conservadora de 6-3, el Supremo no se implicó. No obstante, los desafíos pueden acabar ante el Tribunal Supremo, como ocurrió en las disputadas elecciones de 2000 entre George W. Bush y Al Gore.

El Congreso sí que desempeña un papel constitucionalmente definido en la certificación el 6 de enero de los resultados presidenciales y las listas de electores que forman el Colegio Electoral. En las elecciones de 2020, este proceso se vio perturbado por los legisladores republicanos que votaron para impugnar varias listas de electores. Con la nueva ley, la impugnación de una lista de electores requerirá ahora el voto del 20% de cada Cámara, un listón más alto, pero que probablemente será superado por los partidarios más leales de ambos bandos. Sin embargo, para sostener una impugnación se necesitaría una mayoría en el Senado, lo que podría ser una dura batalla con senadores más moderados poco dispuestos a considerar la posibilidad de anular el voto popular de una elección nacional. En caso de lograr esa dificilísima tarea e impedir que ninguno de los candidatos alcance la mayoría de los votos del Colegio Electoral, la Cámara Baja elegiría al presidente, con la delegación parlamentaria de cada Estado ejerciendo un solo voto. Los republicanos controlan más delegaciones que los demócratas. Mientras que los cien miembros del Senado, elegirían al vicepresidente.