¿Por qué atacar al Estado de derecho es tan dañino para nuestras democracias?

Este es el caso de Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa y favorita para las presidenciales de 2027, declarada culpable de malversación de fondos públicos por un tribunal penal de París con la consiguiente pena de cuatro años de prisión y la prohibición de presentarse a cargos públicos durante cinco años. Según ha recalcado el magistrado que ha presidido el proceso por desviar fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido: «Nadie tiene derecho a inmunidad ante la violación del Estado de derecho».

El gran problema compartido por toda clase de democracias occidentales es que ese último baluarte judicial también se encuentra asediado. En Estados Unidos, tanto Trump como Biden han bailado la sardana del 'lawfare'. Y ante las primeras sentencias desfavorables, Elon Musk ya se ha ofrecido a buscar «DNI repetidos» a los jueces federales díscolos. En Israel, el asalto al estado de Derecho que empezó por el contestado intento de nulificar las decisiones del Supremo con una mayoría política en el parlamento ha vuelto a resurgir con fuerza. La semana pasada el gobierno inició el procedimiento para destituir a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, esencialmente por no doblegarse a ser la «su-fiscal-general» de Netanyahu.

En España, se ha normalizado el desacreditar como 'lawfare' aquellas sentencias o actuaciones judiciales que no gustan a unos u otros. Y cuando miembros del gobierno se comportan como delirantes tertulianos se llega incluso a poner en duda hasta la presunción de inocencia. En todas partes se ignora que cuando se quiebra el principio de igualdad ante la ley, las democracias se precipitan al «todo vale» de un pozo muy profundo y oscuro.