Pedro Castillo: seis investigaciones en los quince meses como presidente de Perú

La Fiscalía investiga también a Castillo y al grupo de familiares y amigos por «financiamiento de la campaña presidencial» a cambio de entrega de obras públicas; nombrar a funcionarios que hagan posible la entrega de obras públicas, tal y como lo realizaron los exministros Juan Silva, que hoy es prófugo de la Justicia, y Geiner Alvarado; así como por captar a un grupo de congresistas conocidos como 'Los Niños', quienes votaron en contra de las dos fallidas peticiones de destitución del presidente. Se le investiga además por obstruir la investigación de la Fiscalía destruyendo evidencias, amedrentando a testigos y ocultando información.

Según la denuncia presentada contra Castillo, todas las acciones fueron dirigidas por el mismo presidente, como, por ejemplo, el decreto de Urgencia 102-2021 del 29 de octubre del 2021, que destinó millones de euros a una serie de obras públicas del Ministerio de Vivienda, entre las que se encontraban una veintena de ellas entregadas a sus supuestos financistas, conocidos como el 'Buró Político del presidente'. De acuerdo a la declaración de la ex viceministra de vivienda, Elizabeth Añaños, fue presionada por el ministro Geiner Alvarado para que incluyera un grupo de 20 proyectos de obras públicas, que ascendían a 30 millones de euros, para empresas y alcaldes cercanos a Castillo.

Noticia Relacionada

El Congreso de Perú niega a Pedro Castillo el permiso para viajar a Bruselas y el Vaticano

Paola Ugaz

La razón esgrimida es que el mandatario da mala imagen en el exterior

Ayer, el juez Víctor Zuñiga Castillo autorizó la detención de varios asesores del presidente, como Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Auner Vásquez, Biberto Castillo, Eder Vitón y David Pérez, por realizar presuntos actos de «entorpecimiento y encubrimiento, con la finalidad de hacer zozobrar la investigación fiscal».

El abogado que defenderá ante el Congreso a Castillo, José Miguel Palomino, declaró a la prensa que «se está violando el artículo 117 de la Constitución peruana ante los ojos del mundo. Con 40 años de abogado, para mí, esta es una denuncia penal y no una denuncia constitucional. Parece un atestado policial».

«Si usted lee las 376 páginas del documento no va a encontrar pruebas, primero hay que probar y luego sentenciar. Es el mundo al revés. Hay que darle entender a la Fiscalía de la nación que el artículo 117 de la Constitución debe ser cumplido. Ojalá que el Congreso se encuentre a la altura de la tarea que le ha entregado la fiscal Patricia Benavides», subrayó.