Pedro Castillo, el populista impopular que perdió el sombrero

Castillo, tercero de nueve hermanos, hijo de agricultores humildes y analfabetos, trabajó con su padre en los cafetales de la Amazonía peruana y, para pagar sus estudios, vendió helados y periódicos y limpió habitaciones de hoteles en Lima. Se postuló a la presidencia de la República por el partido Perú Libre y logró el triunfo tanto en la primera vuelta (18,92%) como en la segunda (50,13%), superando a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. «No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos aún somos terroristas… el Perú es emergente y rechazo rotundamente que vamos a traer unos modelos de otros países», exclamó Castillo hace un año cuando recibió las credenciales de presidente electo. Esta semana acudió al Congreso a hacer un balance de su gestión en el poder, un periodo marcado por la inestabilidad política y las cinco denuncias penales en su contra. Según las encuestas, más del 70% de los peruanos desaprueban esa gestión. Pero Castillo ha evitado hacer cualquier tipo de autocrítica.

«En este período en el que no hemos tenido un solo minuto de tregua, vengo a informarles de lo que hemos hecho y anunciarles lo que haremos. No importa que quienes quieran informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios elementales del derecho, que probemos nuestra inocencia», dijo Castillo ante el Congreso, señalando a la oposición y a la prensa, con la que siempre ha mantenido una relación tensa.

«Resulta inexplicable el temor y el miedo de los grandes poderes políticos y económicos tradicionales a los cambios que se necesitan. Somos un país que se fundamenta en el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, por lo que no se pueden permitir privilegios», indicó.

«A los medios, empeñados en desestabilizar al Gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo (...). Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar», explicó ante el Parlamento, donde un grupo de opositores silbaron al final de su discurso.

Desde que llegó al poder, el Congreso llevó adelante dos procesos de destitución que no tuvieron éxito, ya que para desbancar a un mandatario se requieren 87 de 130 votos. El 28 de julio Perú conmemora la independencia de España, que culminó tras un período de guerras sucesivas desde 1820 hasta 1824. El año 1821 se cita como el de la independencia que lideró el argentino José de San Martín, aunque la nación siguió en guerra con España hasta el 9 de diciembre de 1824, en que tiene lugar la batalla de Ayacucho que venció Simón Bolívar y que significó la consolidación de la independencia de la República del Perú.

Precisamente en la homilía del 28 de julio en la catedral de Lima, el arzobispo Carlos Castillo le dijo al presidente –que asistió a la misa acompañado de sus ministros– que aprenda de la actitud de desprendimiento de San Martín y que considere lo que hizo el militar al renunciar a su cargo como protector del país y dejar a Bolívar al mando. «Don José (de San Martín) comprendió que para lograr el bien común del Perú había que hacer un acto adecuado y justo de desprendimiento que permitiera una acción efectiva que culminase la guerra. Por ello decidió algo más hondo todavía, retirarse para dejar paso a quien tenía las fuerzas preparadas para que no retrocediera el proceso libertario y republicano», indicó el arzobispo. Una indirecta muy directa. Para la máxima autoridad del clero peruano, la solución a la crisis interminable en Perú pasa por la renuncia de Pedro Castillo a la presidencia y el adelanto de las elecciones.

De modo inédito, la Fiscalía de la nación autorizó la investigación a un presidente en ejercicio de sus funciones: Castillo es investigado por cinco procesos penales que involucran a su entorno íntimo: su esposa, Lilia Paredes; su cuñada, Yenifer Paredes; su sobrino, Fray Castillo; el exsecretario del palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Al presidente se le investiga por dirigir presuntamente una organización criminal donde otorgó obras a cambio de prebendas en el puente Tarata III; pagos por ascensos en las Fuerzas Armadas; cambios en los contratos en la estatal petrolera, Petroperú SA; fuga de personas cercanas a su entorno y el plagio de su tesis de maestría. Castillo, ya sin el gorro de campesino con el que fue candidato, se ha convertido en un sobreviviente político.