Pedro Castillo se enfrenta a 34 años de cárcel por el autogolpe de Estado en Perú

En la red X, el Poder Judicial anunció que Checkley «resuelve continuar con el proceso que enfrentan Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado al rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de los imputados». El juez supremo provisional señaló que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados «deben ser contrastado en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación».

De esta manera, Checkley rechazó las peticiones de archivo del caso presentado por la defensa del exmandatario y anunció una sesión que se realizará el próximo 17 de septiembre para evaluar las pruebas y testimonios del caso. También serán juzgados los expresidentes del consejo de ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; y los exministros, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

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Ronald Catari | Corresponsal en La Paz

«He cumplido 18 meses en prisión preventiva. Solamente en Perú y no en otro ningún rincón del mundo, se le detiene y después se le vaca (destituye) a un presidente. No tengo derecho a mi defensa. Se le aparta de su familia. Ahora dicen que hay peligro de fuga, juro por mi patria, por familia, que jamás se me ha cruzado por la cabeza que me voy a mover del país», dijo Pedro Castillo en una de las audiencias virtuales, al tiempo que agregó que «estas acusaciones responden a un libreto, se comete una injusticia conmigo y encima se me prohíben las visitas», denunció el expresidente peruano.

Agobiado por las denuncias de corrupción de su entorno cercano y ajochado por sus asesores más enfebrecidos, el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo encabezó un golpe de Estado con el fin de cerrar el Congreso y hacerse con todos los poderes.

En el discurso que leyó Pedro Castillo desde Palacio Gobierno indicó que en nueve meses convocaría elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, es decir, la instalación de una Asamblea para elaborar una nueva Constitución y declaró un toque de queda a nivel nacional.

«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», indicó Castillo, tal y como sucedió el 5 de abril de 1992 cuando el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y se hizo de todos los poderes.

La intentona golpista de Castillo le estalló en la cara y sus ministros empezaron a renunciar en cascada, razón por la cual abandonó el Palacio de Gobierno y mientras iba camino a la Embajada de México en Perú para pedir asilo, gracias a una invitación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por orden del jefe de la policía.

De inmediato, el Congreso voto la destitución de Castillo y siguiendo el orden constitucional hizo juramentar a Dina Boluarte como presidenta, un hecho al que siguieron muchas protestas en el país que fueron reprimidas por el Estado y causaron 49 muertos en los departamentos de Puno, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, Arequipa, La Libertad y Apurímac.

Tras el fallido golpe de Estado, México rompió relaciones con Perú y brindó asilo político a su esposa, Lilia Paredes y sus hijos, Arnold y Alondra. Según un informe de 'The Economist' sobre la democracia en la región, Perú es desde el 2022 «un régimen híbrido», porque está a medio camino entre la democracia y el autoritarismo donde «refleja la creciente inestabilidad política que llevó a que el país fuese gobernado por seis presidentes y tres Congresos desde 2016».