El Parlamento Europeo reclama 3,5 millones de euros a Marine Le Pen

El 31 de marzo pasado, el Tribunal de París condenó a Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional, a cuatro años de prisión (dos de ellos en firme) y cinco de inhabilitación, con ejecución inmediata, más una multa de 100.000 euros por malversación de fondos públicos europeos en banda organizada. Su difunto padre, Jean-Marie, y otra veintena de dirigentes de su partido fueron condenados a penas muy similares. Muchos de ellos aceptaron la condena. Otros, se han sumado a la demanda de suspensión presentada por Le Pen.

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Juan Pedro Quiñonero | Corresponsal en París

Tras esa primera sentencia, el pasado 22 de este mismo mes de abril, el Tribunal Administrativo de Lille (Norte) ordenó la destitución de la política francesa como consejera del departamento de Pas de Calais. Es un cargo político muy modesto, pero muy significativo, en el feudo electoral muy personal de la presidenta de AN.

Estimando que la sentencia del Tribunal de París confirmo sus querellas de muchos años atrás, el Parlamento Europeo ha decidido reclamar a Le Pen y su partido 3,5 millones de euros en concepto de malversación de fondos públicos en banda organizada. Y un portavoz oficial de la institución justifica la demanda por estas razones: «Es necesario recordar que los fondos en cuestión son dinero público europeo. Los ciudadanos europeos y los contribuyentes franceses, en particular, son víctimas del mismo abuso y extorsión contra el Parlamento Europeo».

Con un lenguaje directo y muy pedagógico, el PE plantea el problema de fondo en el terreno de la moral cívica, francesa y europea: la familia Le Pen, el patriarca, Jean-Marie, y su hija, Marine, utilizaron el dinero público con fines políticos y personales. El patriarca, por ejemplo, tenía a su servicio un mayordomo, un secretario y dos guardaespaldas pagados con dinero público europeo.

Marine Le Pen denuncia una «justificación política». Sin embargo, entre el 60 y el 65 % de los franceses estiman justificada la sentencia del Tribunal de París.

Ese arco iris de procesos judiciales, sentencias y recursos, amenaza gravemente el futuro político de Le Pen, que continúa siendo presidenta del grupo parlamentario de su partido, el más numeroso en la Asamblea Nacional, con 124 de los 577 escaños de la institución.

Los portavoces oficiales de su partido estiman que la justicia intenta «impedir» que Le Pen sea candidata, presumiblemente «victoriosa» en las próximas elecciones presidenciales, el 2027. Sin embargo, no es nada evidente que procesos y recursos tengan un «final feliz» para esa fecha.

Si Emmanuel Macron convocase elecciones legislativas anticipadas el verano o el otoño que viene, Le Pen estaría obligada a hacer campaña con los pies atados al cenagal jurídico. Si Macron «no moviese ficha», Le Pen continuaría atada y bien atada a los inconclusos procesos judiciales.

En la escena política nacional, Le Pen no tiene ningún apoyo. Y su previsible sucesor anunciado, Jordan Bardella, solo tiene 29 años, no tiene estudios, no ha trabajado nunca, ni tiene experiencia gestora de ningún tipo.

En la escena internacional, Le Pen ha recibido el apoyo más firme de Vladímir Putin y Donald Trump. Detalle que también afecta negativamente a las ambiciones políticas de la presidenta de AN.