Panamá acusa a Nicaragua de dejar vencer el salvoconducto que permitía viajar al expresidente Martinelli como asilado

Martinelli, un empresario multimillonario de 73 años, estaba a la espera del aval de Managua para salir de la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde se refugió el 7 de febrero de 2024 para evadir una condena de casi 11 años por lavado de dinero.

Nicaragua «no ha dado respuesta sobre la aceptación» del exgobernante al expirar el salvoconducto que primero vencía el lunes y luego fue prorrogado hasta el jueves, anunció la cancillería panameña en un comunicado.

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Juan Diego Godoy | Corresponsal en Centroamérica

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Al considerar que un traslado de Martinelli a Managua podría ser una «emboscada» o una «trampa», Nicaragua anunció a última hora el lunes que no lo recibiría mientras Panamá no aclarara si pidió contra él una alerta roja de Interpol.

La duda surgió porque la Policía de Panamá afirmó el domingo que estaba en trámite una alerta de Interpol, pero luego aseguró que no aplicaba por tratarse de un asilado político.

Panamá, que amplió la vigencia del salvoconducto para aclarar las dudas, dijo en su comunicado haber enviado a Nicaragua «toda la documentación solicitada» para confirmar que no hay alerta de Interpol, pero aún así no hubo repuesta.

«Esta situación no afecta al reconocimiento del asilo diplomático» que le concedió Nicaragua al aceptarlo en su embajada hace más de un año, agregó la cancillería de Panamá.

El caso de Martinelli desató una crisis diplomática, pues el Gobierno de Nicaragua aprovechó para reprochar a Panamá haber hecho declaraciones «ofensivas» en su contra.

En diciembre pasado, cuando se quejó ante Managua del activismo político que Martinelli ha tenido desde su refugio, el presidente José Raúl Mulino afirmó a la prensa que, aunque esa situación violaba las normas del asilo, Nicaragua «no tiene ni Dios ni Ley».

Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014 y asegura ser víctima de persecución política, fue condenado en 2023 por utilizar fondos públicos para adquirir un grupo de medios de comunicación.

También está imputado, en un juicio programado para noviembre, por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.