Padre de uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala: «Seguiré buscando a mi hijo para poder llevarle una flor»

Clemente recuerda el consejo que le brindó a su hijo aquel último día: «Échale ganas, le dije. Y me respondió que si no conseguía ser maestro abriría un salón para poner un club de danza», explica a ABC en conversación telefónica desde Tixtla (Guerrero). Esa era una de las pasiones de Christian, las danzas folclóricas. «Era muy bueno para el zapateado».

Durante los últimos ocho años, la búsqueda de su hijo, de la verdad sobre lo que sucedió aquella noche, así como de justicia se han convertido en el centro de la existencia de Clemente. Tras casi un década de investigaciones, Christian Alfonso es uno de los tres estudiantes de los que se han hallado restos (fueron analizados e identificados por un laboratorio de Innsbruck en 2020). «Eran tan solo dos gramitos, un fragmento del pie derecho». Prueba insuficiente para Clemente de que su hijo esté muerto. «La fe mueve montañas, y nadie me la puede quitar. A mí me pueden cortar un brazo o una pierna y sobrevivo. La esperanza la tengo. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias y denunciar a cuanta persona estuvo involucrada», enfatiza.

Pese a que el informe presentado el pasado mes de agosto por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), creada por el Gobierno de López Obrador en 2018, da por muertos a todos los estudiantes, Clemente no se resigna. «Puede ser mi palabra contra la de ellos, pero como padre les digo: si los asesinaron, ¿dónde están?». Necesita saberlo, «por lo menos para llevar una flor a mi hijo, a los muchachos…» Sabe que los siguen buscando, «pero en fosas».

Este padre de 54 años, que se ha visto forzado a cambiar de trabajos para sobrevivir y seguir de cerca las investigaciones, se resiste a pensar que ese sea el único desenlace posible. «Uno sabe por otros medios que los militares tienen cárceles clandestinas, pero ¿cómo puede uno entrar, investigar…?». También relata los rumores que se extendieron tras la desaparición de los jóvenes, «para que fuéramos a buscarlos a las sierras de Guerrero, donde se siembra amapola. Era otro punto de vista. «Pero –insiste–, yo tengo claro que pueden estar en algún cuartel militar, no todos, pero sí alguno»

En cuanto al giro que ha dado la investigación en las últimas semanas, muestra su malestar. «Recuerdo que en diciembre de 2018 el presidente López Obrador firmó un decreto comprometiéndose (creó la Covaj). Antes de eso se le hizo ver que debía investigar a los militares, a la Policía, incluso a la Marina. Ahora, cuando han pasado casi cuatro años de su sexenio, creo que está defendiendo a capa y espada a los militares. No hay un cuestionamiento, aunque se le dijo que habían participado y hay 83 órdenes de aprehensión» señala, en referencia a la petición de detenciones por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que está investigando el caso Ayotzinapa, 21 de las cuales fueron desestimadas por la Fiscalía General de la República (FGR) –16 correspondían a militares–. «Solo han detenido a cuatro de alto rango», lamenta Clemente, que denuncia que «todo este tiempo no ha habido un avance en los compromisos que adquirió López Obrador: dar con el paradero de nuestros hijos».

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Sí reconoce, sin embargo, que en estos casi cuatro años se ha logrado volver a reunir a un grupo de expertos internacionales, que dejaron México tras dar carpetazo el anterior Gobierno, de Enrique Peña Nieto, ofreciendo su 'verdad histórica', que exculpaba a los militares, y que ha sido ampliamente desmontada en el informe de la Covaj. «Se le pidió al Gobierno que abriera las puertas de los cuarteles militares, y el presidente dijo que ya hemos entrado, pero no es suficiente. Como él dice, puede llenar las cárceles de detenidos, pero lo importante es que hablen… Hay gente coludida del anterior Gobierno que están en ciertas instituciones, como la Fiscalía General de la República, entorpeciendo las investigaciones para que la investigación no avance», asevera.

Entre las críticas que airea se refiere a la falta de transparencia de la Covaj con las familias: «Siempre se les dijo que cuando dieran alguna información, primero lo hicieran a los padres y después a los medios». En el informe de agosto se incluían capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp entre militares y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que no conocían los familiares y que fueron filtradas a los medios.

Estas nuevas pruebas muestran, explica Clemente, «la participación del Ejército, que iba de la mano de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43». Los familiares también han cuestionado que un juez de Tamaulipas, ajeno a la investigación, haya liberado a «delincuentes» de algo rango. «Sabemos que los jueces trabajan a base de dinero». Asimismo, denuncia que los magistrados están imputando a los detenidos con delitos que no se corresponden con «la desaparición forzada de nuestros hijos. Y la investigación de los expertos es muy confiable sobre esto. Su informe señala que en ellas participaron los tres niveles de gobierno». El informe de la Covaj, hecho público en agosto, admitió que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado. «Y como padres, el Estado nos tiene que rendir cuentas», zanja Clemente.