Pacifistas y ecologistas de Cerdeña frenan el plan europeo para producir municiones

«Lo que debemos preguntarnos es si queremos vivir en una economía de guerra», ha resumido la presidenta Alessandra Todde, sacando a relucir tanto preocupaciones medioambientales como profundas objeciones ideológicas. Todde se hacía así eco de la posición de su partido, cuyo líder, Giuseppe Conte, critica abiertamente el rearme europeo porque, según él, genera beneficios desmesurados para empresas como Rheinmetall a expensas del gasto social.

La presidenta regional Todde coloca el expediente en tres planos: el ambiental, el laboral (evitar la precariedad y blindar empleos estables) y el ético. La posición de Todde ha encontrado apoyo firme en la tradición pacifista sarda y en el activismo de asociaciones que piden la reconversión civil de la planta. «No necesitamos que una multinacional venga aquí a producir bombas», sostiene Arnaldo Scarpa, profesor y portavoz de un comité local.

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Mientras el debate político se encona, el expediente técnico sigue atascado desde hace años. La respuesta del centroderecha ha sido inmediata. La diputada sarda de Hermanos de Italia Antonella Zedda acusa al Movimiento 5 Estrellas de «falso pacifismo»: «Pensar que si no fabricamos armas aquí se acaba la guerra es una ilusión». Para el Gobierno de Giorgia Meloni, que impulsa el uso de fondos europeos para reforzar la base industrial de defensa, el caso sardo lanza una señal disuasoria a los inversores justo cuando la UE reclama autonomía estratégica y más capacidad de producción.

La batalla, en realidad, lleva años librándose en despachos y tribunales. Rheinmetall compró en 2010 una antigua planta de explosivos y en 2018 obtuvo permisos para duplicar las instalaciones y crear un área de pruebas, con la promesa de contratar 250 empleados adicionales. Las obras quedaron atrapadas en una maraña de litigios: los ecologistas denunciaron una «fragmentación» del proyecto para eludir evaluaciones completas. A mediados de octubre, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) obligó al Gobierno regional a cerrar el procedimiento en un máximo de 60 días, bajo apercibimiento de nombrar un comisario si persiste la inacción.

Sobre el terreno, los números pesan. La empresa sostiene que la ampliación permitiría estabilizar unos 350 empleos y abrir otros 250, un impacto relevante en el deprimido Sulcis, región en el extremo suroeste de la isla. Este territorio se enfrenta actualmente a un difícil proceso de transición económica y social tras el declive de su industria minera, lo que ha provocado desempleo y emigración.

La patronal Confindustria apoya el plan de la empresa. Alessandra Todde replica con el recuerdo de una fecha: en 2021, al perder un gran pedido de munición de Arabia Saudí por la guerra de Yemen, la compañía «mandó a casa a la mitad de la plantilla». «No se puede obligar a elegir entre trabajo y seguridad», insiste la presidenta, que reclama garantías ambientales «sólidas» y condiciones laborales menos frágiles.

El expediente también se ha cargado de geopolítica y sensibilidad social. RWM Italia produce munición y otros artefactos para varios países europeos y aliados. La compañía había anunciado además en los últimos meses capacidades vinculadas a drones que explotan al alcanzar el objetivo, en colaboración con la firma israelí UVision Air Ltd., especializada en drones kamikaze, extremo que ha encendido la protesta de colectivos pacifistas y ha alimentado preguntas sobre destinos finales y autorizaciones de exportación. La empresa defiende que la expansión no responde a «afán de beneficio» sino a la necesidad de acortar tiempos y costes en el suministro a fuerzas armadas europeas y aliadas.

El caso sardo ilustra una tensión más amplia en Italia: cómo compatibilizar la hoja de ruta industrial de la defensa con una cultura ambiental y pacifista arraigada en el país transalpino, cuya burocracia, uno de los males crónicos italianos, concede amplio margen de maniobra a las autonomías. «La oposición de base, unida a la burocracia, dificulta aumentar la producción», sintetiza Alessandro Marrone, analista del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma.

En el corto plazo, tendrá que producirse una decisión política: o el Gobierno regional aprueba la Evaluación de Impacto Ambiental (VIA, por sus siglas en italiano) y asume el coste de avalar explícitamente la fabricación de armamento en la isla, o mantiene el freno y deja la resolución en manos de un comisario tras el plazo judicial. En cualquier escenario, la batalla legal y simbólica continuará: para unos, se trata de no hipotecar la salud y el paisaje de Cerdeña; para otros, de no perder un tren estratégico -el de la reindustrialización ligada a la defensa- en plena guerra en Europa.