La ONU califica de arbitrarias la detención de 49 presos políticos durante las protestas del 11-J en Cuba

Entre ellos se cuentan sacerdotes, religiosos, activistas y personas vulnerables, pero son mayoría los ciudadanos sin afiliación ni activismo político alguno. Javier Larrondo, presidente de PD, explicó que muchos de ellos, aún en prisión, tienen gravísimos problemas de salud; otros, aunque fueron excarcelados a inicios de este año, sufren constantes amenazas, vigilancias e incluso son obligados a realizar trabajos forzosos para el Estado; no se les permite ni siquiera publicar en redes sociales ni expresarse libremente, así como se les prohíbe contactar con organismos de defensa de derechos humanos bajo la amenaza de devolverlos a prisión.

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Camila Acosta

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Una de las víctimas es Lisdani Rodríguez Isaac manifestante del 11-J en Placetas, Villa Clara, y condenada a 8 años de privación de libertad. Oficiales del régimen cubano la intentaron forzar para que abortara, pero ella se negó. Le dieron una licencia extrapenal poco antes de dar a luz, la cual luego extendieron hasta que finalice la sanción.

El grupo de trabajo exigió sus liberaciones inmediatas, exoneración y reparaciones por parte del Estado por los daños causados y advirtió que en Cuba existe un patrón sistemático de represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

Se trata, según PD, de una noticia histórica en relación a la posición de este organismo internacional con la represión en la isla. De esta forma, «Cuba se convierte en el país con más condenas por detención arbitraria del mundo desde 2019», con 93 casos desde entonces hasta 2025, añade la ONG con sede en Madrid.

Larrondo expuso igualmente que el régimen cubano «no ha presentado alegaciones para rebatir los señalamientos formulados, aceptando tácitamente los argumentos y documentación».

«El WGAD no hace sino certificar que el régimen de Cuba perpetró contra estas 49 nuevas víctimas, y las otras 44 anteriores, 6 de los 11 posibles crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma», añadió el abogado.

«Cuba está solo por detrás de México, Irak y Colombia en desaparición forzosa, con una particularidad esencial: mientras en dichos países las desapariciones ocurren como consecuencia de la existencia de mafias, en Cuba la única mafia que provoca estas desapariciones forzadas es el propio Gobierno», sostiene Larrondo. De los 93 casos de Cuba presentados ante la ONU, la ONG fue el ponente y defensor de 81 de ellos (87%).

Esto significa, según PD, que las detenciones arbitrarias en Cuba forman parte de un «modelo de gobernanza» en el cual todos los agentes del sistema penal -policía, fiscalía, tribunales y prisiones- «operan como parte de un mismo esquema de control político a nivel estatal».

«Dicho de otra manera, en Cuba, la cárcel es un mecanismo de control social por medio del terrorismo de Estado. La detención y la prisión son castigos para miles, pero también mensajes intimidatorios recurrentes a toda la aterrorizada sociedad. Además, el castigo no es sólo para la persona detenida, sino para su familia, su comunidad y toda la sociedad», sentenció la organización.

El dictamen de la ONU coincide con la visita de Alena Douhan, relatora especial de la ONU, quien se encuentra en Cuba con el objetivo de «evaluar el impacto de las sanciones unilaterales y el excesivo cumplimiento de las mismas en los derechos humanos en Cuba». Hasta el momento, Douhan solo se ha reunido con funcionarios estatales o que responden al gobierno, pero no con víctimas de las violaciones de derechos humanos en la Isla como los presos políticos y sus familiares.