ONG denuncian que Irán ejecutó a 975 personas en 2024, la cifra más alta en más de dos décadas

Las organizaciones Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Together Against the Death Penalty (ECPM), con base en Francia, han señalado que sólo 95 ejecuciones, menos del diez por ciento, fueron anunciadas por fuentes oficiales, antes de agregar que más de 500 personas fueron ajusticiadas por delitos de drogas.

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Asimismo, han afirmado que 419 personas fueron ejecutadas tras ser condenadas por asesinato y han recalcado que entre los muertos figuran dos personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales desatadas en septiembre de 2023 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.

Las ONG han especificado que otras 31 personas, entre ellas nueve presos kurdos, fueron ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad, mientras que otras 22 fueron ajusticiadas tras ser sentenciadas por violación. En total, cuatro personas fueron ahorcadas en espacios públicos.

En este sentido, han detallado que entre los ejecutados figura una persona que era menor de edad en el momento de cometer el delito, así como 31 mujeres, la cifra más alta en 17 años. Además, cinco eran personas con «discapacidad intelectual o psicosocial».

Las organizaciones han denunciado que al menos 534 de las ejecuciones derivaron de sentencias emitidas por tribunales revolucionarios, con lo que los ajusticiamientos tras órdenes de estas cortes asciende a más de 5.000 desde 2010, mientras que 649 condenados a pena capital por asesinato fueron perdonados por las familias de sus víctimas y no fueron ejecutados.

«Mientras la atención mundial se centraba en la escalada de tensiones entre Irán e Israel, la República Islámica aprovechó la falta de escrutinio internacional para aterrorizar a su propio pueblo, llevando a cabo entre cinco y seis ejecuciones cada día», ha denunciado el director de IHR, Mahmud Amiri-Moqadam.

«El pueblo iraní, que exige sus derechos fundamentales, supone la mayor amenaza para el régimen, y la pena de muerte sigue siendo su herramienta más poderosa de represión política», ha señalado, antes de subrayar que «estas ejecuciones forman parte de la guerra de la República Islámica contra su propio pueblo para mantener su control del poder».

En esta línea, el director ejecutivo de ECPM, Raphael Chenuil-Hazan, ha pedido a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a los países que «financian proyectos de seguridad» que entiendan «su responsabilidad en la ejecución de cientos de personas cada año por delitos de drogas».

«Al mantener su cooperación mientras la República Islámica lleva a cabo ejecuciones en masa, corren el riesgo de ser cómplices de esos crímenes», ha alertado, al tiempo que ha pedido al UNODC que «suspenda de inmediato sus proyectos en Irán hasta que se ponga fin a todas las ejecuciones relacionadas con las drogas».

«La aplicación de una moratoria sobre el uso de la pena de muerte para delitos que no pertenezcan a los más graves delitos según el Derecho Internacional debería ser una condición previa a toda cooperación», Chenuil-Hazan, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre el informe.