Una oleada represiva sin precedentes inunda Rusia

La causa penal contra Buyánova fue abierta después de que una mujer de 34 años identificada como Anastasia Akínshina, viuda de un militar ruso muerto en combate en el frente ucraniano, la acusara a través de un vídeo de que, el pasado mes de enero, tras la consulta médica con su hijo de siete años a causa de un orzuelo en el ojo, la pediatra le dijo supuestamente que su marido murió por ser «un objetivo legítimo» de las fuerzas ucranianas, por lo que, afirmó Buyánova según el testimonio de Akínshina, «la culpa de ello la tuvo Rusia, país agresor que ataca a civiles en Ucrania».

Es decir, el relato de la viuda, sin ninguna otra prueba al no haber grabación alguna de vídeo o audio del encuentro en el centro médico y sin que la juez, Olga Fédina, permitiera a la defensa interrogar al menor durante el proceso, ha sido suficiente para que Buyánova, con una trayectoria profesional de 40 años, sea sentenciada a pasar cinco años y medio en una colonia penitenciaria. Ella, que venía desempeñando su trabajo en la Policlínica Infantil número 140 de la capital rusa, negó haber pronunciado tales palabras durante la consulta y no reconoció su culpabilidad.

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Tendrá además prohibido ejercer la medicina y no podrá publicar ningún trabajo científico durante los próximos dos años, ni siquiera a través de Internet. Su abogado, Óscar Cherdzhíev, que se propone recurrir la sentencia, dijo tras el juicio que «esta condena es monstruosamente cruel. No han presentado ni una sola prueba». Según su opinión, Akínshina «actuó de mala fe debido a que Buyánova es de origen ucraniano». En su vídeo grabado con el móvil, Akínshina asegura entre lágrimas que la pediatra le comentó que había notado a su hijo nervioso, a lo que respondió que «está traumatizado porque su padre murió luchando por Rusia en Ucrania. Y ¿sabes lo que me dijo?: bueno, querida, ¿qué esperabas? Tu marido era un objetivo legítimo de Ucrania».

Al enterarse del fallo judicial, personas ajenas a la médica y sin filiación política alguna, afirmaron bajo anonimato que las autoridades «valiéndose de un sistema judicial domesticado están llevando las cosas al límite para sembrar el terror entre la población como en la época de Stalin, cuando millones de personas inocentes sin ninguna culpa fueron represaliadas».

En otro testimonio, un hombre ya jubilado cree que «se trata de propiciar castigos demostrativos para meter miedo y lograr que la cuestión de la guerra en Ucrania ni siquiera se comente en privado». Julia Naválnaya, viuda del líder opositor fallecido Alexéi Navalni, calificó a través de X el proceso contra la pediatra como «juicio espectáculo». Según sus palabras, «han metido en la cárcel a una persona mayor por un caso completamente inventado, por una acusación política que no debería existir en un país normal».

Un colectivo de unos 1.000 médicos ha suscrito una carta abierta pidiendo la liberación de la pediatra mientras, este sábado, la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mariana Katzarova, deploraba que «es espantoso condenar a un médico por un comentario privado no probado en el ejercicio de sus atribuciones profesionales». Según su opinión, lo sucedido con Buyánova «es otro caso emblemático cuyo objetivo es amordazar a los críticos de la guerra y sembrar el miedo».

El caso de Buyánova ha sorprendido por la falta de pruebas y porque la supuesta crítica a la guerra en Ucrania se ha hecho en el ámbito privado, pero las condenas por reprobaciones públicas a las autoridades son muy frecuentes. El jueves fue sentenciada a ocho años de cárcel Anastasia Berezínskaya, de 43 años, directora teatral y madre de dos hijos de ocho y diez años, por denunciar la guerra en Ucrania y desear la muerte del presidente Putin a través de la red social VKontakte.

Según la organización de Derechos Humanos Memorial, disuelta en Rusia por decisión judicial, el número de presos políticos en el país se ha multiplicado casi por 20 en los últimos 10 años, desde que comenzó el conflicto con Ucrania tras la anexión de Crimea y la guerra en Donbass. Entonces había 40 presos políticos, incluido Navalni, «cuando ahora el número asciende a 776».

La ONG OVD-Info, por su lado, eleva la cifra hasta las 1.391 personas, ya sentenciadas con penas de prisión por motivos políticos o la espera de juicio. OVD-Info reporta que en el presente año sufrieron persecución casi cinco veces más personas (546) que en 2014 (122). En 2022 y 2023, de acuerdo con la misma fuente, se registró un número récord de acusados en casos con evidentes tintes políticos: 815 y 698, respectivamente, la mayoría de los cuales tienen que ver con posicionamientos contrarios a la guerra. Además, desde el comienzo de la invasión, OVD-Info calcula en más de 20.000 los ciudadanos detenidos, multados o sentenciados a penas de prisión menor por participar en manifestaciones de protesta contra la guerra.

El Parlamento ruso prepara también enmiendas a la ley de agentes extranjeros para hacer más severas las sanciones y ampliar aún más los motivos de su aplicación. Hasta la fecha, bajo esa calificación entraban las organizaciones o particulares que reciban financiación desde el exterior, pero ahora se prevé incluir a quienes simplemente se encuentren bajo «influencia extranjera».

La Duma (Cámara Baja) acaba de aprobar además un proyecto de ley, que aún deberá pasar por el Consejo de la Federación (Cámara Alta), para imponer multas a quienes hagan propaganda de las parejas sin hijos y podría empezar a tramitarse otra norma para criminalizar a los militares rusos que deciden rendirse a las tropas ucranianas. En este contexto, las autoridades de Moscú ordenaron la semana pasada el cierre «por motivos de seguridad contra incendios» del Museo de la Historia del Gulag, los terribles campos de trabajo penitenciarios de Stalin. Tal medida parece buscar el ocultamiento de las atrocidades sufridas por las víctimas de la represión soviética.