La OEA denuncia que el terror se ha disparado en Venezuela: torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas
Un grave informe acusa a la dictadura de Maduro de crímenes de lesa humanidad y revela un patrón sistemático de represión política, mientras Almagro pide que se procese a la cadena de mando del gobierno chavista
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Un demoledor documento elaborado por una comisión de expertos independientes internacionales para la Organización de los Estados Americanos describe una consolidación del terror de estado en Venezuela, en lo que representa ya la fase más aguda de represión política en su historia reciente. Para ... el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al que le quedan apenas unos días en el cargo, hay evidencias sobradas «para que se procese a la cadena de mando del régimen por crímenes de lesa humanidad en Venezuela».
El uso de la detención arbitraria por parte de la dictadura se disparó tras aquellas elecciones en las que se perpetuó el dictador Nicolás Maduro, con 2.400 personas arrestadas en un periodo de solo nueve días, entre ellas 252 mujeres y 162 menores de edad. La represión en las calles alcanzó niveles que en el informe se describen como brutales: al menos 28 civiles desarmados fueron asesinados durante las protestas posteriores a las elecciones manipuladas.
La mayoría de las víctimas presentaban disparos en la cabeza, el pecho o la espalda, en una clara intención de ejecutar directamente. El informe documenta al menos cuatro muertes en custodia por negligencia médica, torturas o ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas fueron encerradas en instalaciones controladas por el SEBIN, el DGCIM y otros organismos represores del Estado, donde se practicaron tortura, abusos sexuales y simulacros de ejecución.
Asegura el informe que más de 2.400 personas fueron detenidas en un periodo de nueve días. Al menos 1.848 civiles fueron arrestados de manera arbitraria después de las elecciones, incluyendo a 252 mujeres y 162 menores. El comité investigador documentó al menos cuatro casos de muertes bajo custodia oficial, derivados de «negligencia médica deliberada, detención en incomunicación o presuntas ejecuciones extrajudiciales».
El informe, presentado este 19 de mayo en Washington, denuncia que el régimen venezolano ha evolucionado hacia un modelo autoritario plenamente consolidado, centralizando el control a través del control total poder judicial y el uso de grupos paramilitares los célebres «colectivos» para mantener el poder mediante el miedo, la violencia y la desaparición forzada de opositores.
Según la comisión, Venezuela es ya un estado despótico que ha institucionalizado el terror para eliminar cualquier forma de disidencia, combinando la manipulación judicial con la violencia clandestina ejercida desde el poder.
Esto llevó a Almagro a denunciar este lunes que «hoy todo el mundo sabe que Venezuela es una dictadura». Según el secretario general de la OEA, «ha habido intentos de normalizar las relaciones con el régimen, de relegitimarlo, de escoger cuáles violaciones sistemáticas de derechos humanos se denuncian y cuáles no. A veces esos procesos han significado un acercamiento; todo eso lo hemos vencido. Hoy, todo el mundo reconoce que Venezuela es una dictadura abyecta, liderada por un dictadorzuelo fracasado».
El informe lleva por título «De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela», y es el cuarto estudio elaborado por ese grupo. La presentación fue elaborada por el propio Almagro, y miembros del comité investigador como Santiago Cantón, Joanna Frivet y Manuel Ventura Robles.
El informe se publica cuando se acercan las elecciones parlamentarias en Venezuela, que están programadas para el 25 de mayo de 2025 para renovar los 285 escaños de la Asamblea Nacional. La oposición se encuentra dividida entre quienes llaman al boicot, como María Corina Machado, y quienes promueven la participación como forma de resistencia institucional.
El documento revela que, tras las elecciones fraudulentas de 2024, al menos 27 personas fueron víctimas de desapariciones forzosas. Agentes del estado, en un patrón sistemático, secuestraron a opositores, los mantuvieron incomunicados y fuera del alcance de cualquier protección legal, una estrategia dirigida a sembrar el miedo y eliminar cualquier foco de resistencia democrática.
Testimonios recabados por la comisión en el informe apuntan a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a policías regionales y a colectivos armados como responsables de estas muertes. Dice el informe sobre esos colectivos: «Antes aliados informales, ahora funcionan como actores habilitados por el Estado, participando en invasiones de viviendas, golpizas, arrestos y ejecuciones extrajudiciales. Sus operaciones coordinadas con unidades policiales y militares reflejan un respaldo institucional. La negativa del Estado a investigar o desmantelar estos grupos evidencia su complicidad».
Para febrero de 2025, según el informe, el número de presos políticos en Venezuela ascendía ya a 1.196. La represión no se limitó a líderes opositores, sino que se extendió a organizadores de campañas políticas, testigos electorales, familiares de activistas y ciudadanos de comunidades marginales. El objetivo, según el informe, era desmantelar cualquier estructura de resistencia y anular cualquier forma de organización social opositora.
El poder judicial venezolano, dice, se convirtió en un brazo ejecutor de la represión, organizando audiencias masivas y telemáticas donde los detenidos eran procesados sin representación legal independiente. Estos juicios colectivos se llevaban a cabo en tribunales especializados en terrorismo, un mecanismo diseñado para eliminar cualquier forma de oposición.
La represión no se detuvo en las fronteras venezolanas. El comité de expertos documenta actos de acoso, vigilancia y al menos un asesinato selectivo de disidentes en el extranjero, supuestamente vinculados a agentes del régimen.
El caso más emblemático de persecución en otros países durante el periodo analizado es el del teniente Ronald Ojeda, un disidente militar venezolano que buscó refugio en Chile. El 23 de enero de 2025, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, confirmó que la Fiscalía Nacional chilena había reunido pruebas creíbles que indicaban que el asesinato de Ojeda estaba directamente relacionado con «instrucciones u órdenes emitidas por las autoridades venezolanas», según dijo. Esta revelación implica al régimen de Maduro en el asesinato extrajudicial de un opositor en territorio extranjero y pone de manifiesto la extensión de su campaña de violencia política más allá de las fronteras nacionales.
A pesar de los compromisos adquiridos en acuerdos como el de Barbados y las obligaciones del Estatuto de Roma, la represión en Venezuela no solo se ha mantenido, sino que se ha intensificado, según se ha denunciado en la OEA. El Tribunal Penal Internacional ha iniciado investigaciones por crímenes de lesa humanidad desde 2014. El informe de la OEA urge a ese tribunal a acelerar los procesos y a emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables del régimen venezolano.
El Comité de Expertos concluye que las violaciones documentadas cumplen con los criterios de crímenes de lesa humanidad, establecidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma. Además, acusa al régimen de utilizar el lenguaje de cooperación internacional como un escudo diplomático para evitar el escrutinio y perpetuar la impunidad.
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