Noboa declara el estado de excepción durante 60 días por la emergencia en el sector eléctrico ecuatoriano

La medida se ha tomado en base al Decreto Ejecutivo 229 y estará vigente durante 60 días, ha informado 'El Universo'. Este es el tiempo estimado para superar la crisis energética y «hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en un futuro inmediato».

Durante el estado de excepción, la infraestructura energética del país será custodiada por militares y policías a fin de evitar sabotajes, tal y como se estipula en el decreto mencionado. Así, «para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento», se movilizarán efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el país.

La principal diferencia con respecto a ocasiones anteriores es que el nuevo estado de excepción no traerá consigo la imposición de toques de queda.

Los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia se asignarán desde el Ministerio de Economía y Finanzas, sin afectar los fondos correspondientes a los sectores de salud y educación, ha matizado el mismo medio.

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Ecuador se ha visto obligado desde hace varios días a aplicar una serie de apagones para hacer frente al desabastecimiento en el sistema eléctrico. Aunque en un primer momento se apuntó a cuestiones climáticas -escasez de agua en los embalses, exceso de calor y fallos en las centrales energéticas- las autoridades han apuntado después de un posible sabotaje.

La situación es tal que el presidente solicitó a principios de semana la dimisión de la ministra de Energía, Andrea Arrobo; declaró el estado de emergencia en el sistema energético y puso en marcha una investigación para determinar lo ocurrido. Los primeros resultados de las pesquisas apuntan a que Arrobo y otra veintena de sospechosos habrían ocultado información relevante sobre la situación energética.

Por otro lado, respecto a la situación a nivel internacional, Ecuador ha visto como gran parte de las naciones sudamericanas han salido al paso por el asalto de la Policía ecuatoriana sobre la Embajada mexicana en Quito a comienzos de mes. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la sede diplomática para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción.

Aquellos hechos le han servido a Quito una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), presentación por Ciudad de México y que además exige la suspensión de Ecuador en Naciones Unidas. Además, Venezuela ha anunciado la retirada de su diplomático personal y Colombia ha suspendido el gabinete binacional, impulsado hace más de una década.