Nicaragua implanta el servicio militar obligatorio para sus funcionarios por miedo a un golpe de Estado

Se trata de un «nuevo servicio militar obligatorio», que, según fuentes del Ministerio de Interior consultadas por el medio 'Divergentes', empezó desde mediados de 2018 con entrenamientos tipo militar dirigidos a civiles, sobre todo a los empleados públicos del Gobierno sandinista. Pero en los últimos dos años, los programas se han ampliado y «el régimen sandinista ha ordenado la instalación de más campamentos de entrenamiento para trabajadores del Estado en las distintas ciudades del país», según comentan las fuentes anónimas del reportaje.

¿Cómo los reclutan? Los empleados públicos —sin distinción de sexo, edad ni condiciones físicas— son «invitados» a asistir a un campamento de entrenamiento policial durante una semana al aire libre. La invitación es pura formalidad, porque en realidad no se puede decir que no. Negarse es sinónimo de cárcel. Además, durante esa semana, los reclutados no tienen acceso a ningún aparato de comunicación. Son despojados de sus móviles y sus familiares no conocen su ubicación. Como ya es tradición en el régimen nicaragüense, nadie pregunta y nadie se queja. Concluido el entrenamiento, los trabajadores del Estado son calificados como «competentes» o «incompetentes» y todos son regresados a sus oficinas con la prohibición expresa de comentar con otros lo que vivieron esos siete días. Los que han sido tildados como «competentes» pasan a integrar una lista en la que sus integrantes están facultados para tomar las armas y atender cualquier «rebelión terrorista» cuando el Estado así lo decida.

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El entrenamiento es de corte militar, pero los tratos son inhumanos. Durante el día, los oficiales obligan a los civiles a realizar pruebas de esfuerzo, como arrastrarse en lodo, defecar al aire libre, sobrevivir temperaturas extremas ó saltar obstáculos, y por la noche, está prohibido dormir, pues deben salir a patrullar y cuidar el campamento. Algunas noches realizan simulacros en los que deben «disparar» contra el enemigo y «desactivar bombas» ficticias. La comida también es deficiente: arroz, agua y algunos productos enlatados. Los participantes suelen quejarse de que, en tan solo una semana, pierden entre 2 y 3 kilos por la mala alimentación.

Pero lo más insólito de todo es que, según los participantes, los campamentos no sirven para nada; no aprenden a disparar armas de verdad, las técnicas militares son inapropiadas, y parecen más campamentos de tortura que de acondicionamiento físico. Los entrenamientos no son más que la «descabellada» paranoia del régimen sobre supuestos planes de levantamientos civiles en contra de la dictadura. Y es que, estando la población atemorizada, sin acceso a recursos y tras el precedente de 2018 —cuando ocurrió el último levantamiento ciudadano contra el régimen que se saldó con más de 300 muertos— un intento de golpe perpetuado desde la ciudadanía es «impensable», según expertos de seguridad consultados por el medio local 'Divergentes'.

Ahora bien, según expertos consultados por ABC, existen dos razones más creíbles para la organización de estos campamentos forzados. Primero, para mantener a la población nicaragüense bajo el yugo policial, demostrando que en cualquier momento pueden ser «llamados a servir» y que no pueden negarse. «Esto ayuda al régimen a mantener esa medida de autoridad y temor que necesita cualquier dictadura para poder funcionar», asegura un psicólogo nicaragüense en el exilio.

Y la segunda razón, responde a un tema estadístico. No es ningún secreto que dentro de las filas policiales han habido constantes deserciones. De hecho, el Gobierno dejó de publicar sus anuarios estadísticos para evitar que la información se divulgara. Pero lo cierto es que cada vez hay menos policías. Por ende, la estrategia del servicio militar forzado es encontrar, dentro de esos campamentos, a nuevos y aptos perfiles que puedan integrarse a la policía nicaragüense. La dictadura cree que con los campamentos militares, lograrán convencer a más civiles de que la amenaza contra el Estado nicaragüense es «real» y que lo mejor que pueden hacer por su país es sumarse a las filas policiales.

Sin embargo, los efectos que provocan estos campamentos en los empleados estatales son todo lo contrario. Los civiles que terminan el servicio militar regresan a sus casas solamente para idear un plan para huir del país. El mensaje para ellos es claro: si se quedan, cuando el Gobierno presienta un ataque contra el régimen, serán ellos los primeros en la fila. Y no están dispuestos a morir por una dictadura.