El narco provoca en México la campaña electoral más violenta de su historia

Se trata, pues, de un escenario convulso, que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya anticipaba desde finales del año pasado, de ahí la orden de que el Ejército custodiara a candidatos federales y delegara en los estados la protección de los aspirantes locales. Precisamente, la dimensión local de estas elecciones es la principal arista en la que se concentra la violencia. Candidatos a alcaldes y a regidores –integrantes del órgano legislativo de las ciudades– se encuentran, desde hace meses, en el punto de mira del narco y de diversos grupos de delincuentes.

Según explica a ABC un candidato a alcalde en el estado de Michoacán, y representante del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –pide mantenerse en el anonimato–, el narcotráfico en México presiona a los candidatos a gobernar las ciudades para que, una vez en el cargo, dejen a los grupos delictivos elegir a dos funcionarios: el tesorero y el jefe de la Policía Local.

Noticia Relacionada

López Obrador pone trabas a la DEA para entrar en México y operar contra el narcotráfico

Milton Merlo | CORRESPONSAL EN CIUDAD DE MÉXICO

Responsables de la agencia antidrogas de EE.UU. denuncian el retraso en la aprobación de visados

«Gracias al tesorero, el narco se asegura que el municipio vaya a contratar a diversos proveedores recomendados por el grupo criminal interesado, que las licitaciones se hagan a modo y que los pagos no se atrasen. Con el jefe de la Policía se asegura, mientras tanto, el negocio directamente asociado al tráfico [de narcóticos] y la extorsión», explica el candidato. Y añade que en Michoacán hay al menos cien municipios donde más de la mitad del presupuesto está controlado por el crimen organizado.

Un buen ejemplo de lo descrito se ubica en Celaya, en el estado de Guanajuato. Allí fue asesinada, el pasado mes de abril, Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía. Gaytán fue ejecutada en pleno mitin de campaña y el Gobierno estatal ya arrestó a siete personas involucradas. En el expediente judicial consta que la candidata estaba siendo amenazada por grupos delictivos que buscaban controlar un municipio que se ha vuelto clave en los últimos años por su ubicación en uno de los principales corredores industriales del país.

En el sur, en Chiapas, la semana pasada renunciaron 515 candidatos a sus aspiraciones. Alegaron motivos personales en medio de un escenario de guerra abierta entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, que se disputan el negocio del tráfico de inmigrantes en el estado que colinda con Guatemala.

En Chiapas también fue interceptada, a mediados de abril, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que habría recibido un mensaje de un grupo local vinculado a los cárteles de la droga, mientras se desplazaba hacia actividades de corte proselitista.

«Nada más queremos decirle que se acuerde de la sierra y de la gente pobre cuando esté en el poder; no estamos en contra del Gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes», le dijo un encapuchado a Sheinbaum. Ella solo respondió: «Sí, está bien, que estén muy bien».

El encuentro fue registrado por los medios, aunque nunca quedó aclarado. López Obrador habló de un montaje, pero, más tarde, la campaña de Sheinbaum negó que fuera así. Para la oposición esta situación es resultado de la estrategia gubernamental de no declarar una guerra abierta al crimen organizado e inclinarse por un enfoque más social de la inseguridad, postura hacia la delincuencia que López Obrador define como «abrazos, no balazos».

«¿Hay instrucción de actuar o no la hay? Yo creo que no la hay en términos generales. ¿Y por qué no la hay? Pues porque fue un discurso político, que además, desgraciadamente, genera empatía en algunos lugares por algún tipo de personajes que luego complican otras cosas», señala a ABC Rubén Moreira, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero también está la dimensión más personal de diversos aspirantes que, a la larga, se vuelve un riesgo. «Hay candidatos que llegan a sus campañas con deudas personales, con intrigas pasionales, especialmente en las ciudades pequeñas. De ahí que se exacerben los crímenes de corte intrafamiliar», explica Aldo Fasci, exsecretario de Seguridad en el estado de Nuevo León, al norte del país.

Para los partidos de oposición la violencia implica, también, problemas electorales. En el comando electoral de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez estiman que donde la criminalidad crece, baja la participación electoral y, alegan, eso favorece a Morena pues tiene una mayor tracción de votantes a partir de los programas sociales.

López Obrador, por su parte, lamenta los hechos violentos cuando suceden, pero tiende a minimizarlos. «Por más que hablen de violencia por esta circunstancia político-electoral, en México hay estabilidad política y podemos ir a cualquier parte. Y sí, sigue habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizados y por cuestiones especiales«, dijo el presidente el pasado lunes en su conferencia en el Palacio Nacional.

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL) ha cuestionado lo dicho por López Obrador y ha señalado que las elecciones están en riesgo de ser intervenidas por el narcotráfico. Este organismo se dispone a enviar a 130 observadores para los comicios. La OEA hará lo propio con un número similar de enviados.

La semana pasada renunciaron más de 50 supervisores del organismo electoral que cumplirán un papel crucial en las elecciones del próximo domingo. No especificaron motivos y desde la autoridad electoral dijeron que era porque cobran sueldos bajos. En la oposición creen que es por el auge de la violencia política que los pueda dejar expuestos a situaciones límite.

El Gobierno mexicano actualmente custodia a 487 candidatos en todo el país. Una violencia que expone a López Obrador frente a la Administración de Joe Biden, que rechaza una democracia intervenida por el narco al sur de su frontera.

En las últimas semanas, el presidente ha recibido varias visitas de Elizabeth Sherwood–Randall, consejera de Seguridad de la Casa Blanca. Fuentes gubernamentales confirman a ABC que en esas reuniones se ha abordado la seguridad del proceso electoral. En la oposición aseguran que Biden presiona a López Obrador para que éste evite que el narcotráfico juegue electoralmente. El consejero de Biden para América Latina, Daniel Erikson, que reemplazó a Juan González y viene del Pentágono, escribió años atrás una tesis sobre narco y elecciones en México.

En el Partido Republicano esta tónica es más intensa y es frecuente que figuras centrales del mismo asocien directamente al Gobierno mexicano con la actividad de las bandas criminales

En Washington, el presunto papel del crimen organizado en las elecciones mexicanas está en el corazón de la opinión pública. El pasado fin de semana, tanto 'The New York Times' como 'The Washington Post' publicaron largos reportajes sobre dicha problemática.

La violencia también le generó al Gobierno un litigio con la Iglesia Católica. A lo largo del país, los obispos criticaron a López Obrador por la inacción ante la escalada de agresiones contra los candidatos. El obispo de la Diócesis Chilpancingo–Chilapa, José de Jesús González Hernández, contó el lunes que los candidatos que participan en este proceso electoral en Guerrero, en la costa del Pacífico, pidieron a la Iglesia Católica intervenir para que las organizaciones criminales los dejen hacer campaña. «Nos han pedido (los candidatos), como Iglesia, que los dejen participar libremente, porque hay miedo de que los maltraten y los asesinen y que nosotros como Iglesia levantemos la voz y lo hemos hecho», explicó.

La violencia política ha llegado incluso hasta el estado natal del presidente, Tabasco. Se trata de un territorio en el sureste mexicano habitualmente pacífico, pero que en los últimos meses se ha vuelto violento y la semana pasada dominó las portadas de la prensa nacional con el caso de un niño de 12 años asesinado en un episodio de inseguridad. Su madre dijo, horas más tarde de la muerte del menor, que «AMLO ha perdido el control del país».

A pesar de este panorama, el pasado fin de semana López Obrador viajó a Sinaloa, epicentro de uno de los cárteles más poderosos de México. Inauguró un hospital y, luego, como le suele suceder cuando está de paso por estas latitudes, su agenda se volvió un secreto de Estado: inescrutable y sigilosa, a una semana del día que definirá el destino político del país los próximos seis años.