El Gobierno británico alerta de que la inmigración ilegal «destroza al país»

Mahmood definió su reforma como «una misión moral» y defendió que el Reino Unido sólo podrá preservar el consenso social sobre el asilo si actúa con determinación y reordena sus prioridades, un mensaje que resume el marco político en el que el Gobierno de Keir Starmer intenta recomponer la política migratoria del país.

Las medidas que adelantó y que hará oficiales este lunes, incluyen una transformación profunda del estatuto de refugiado. En la actualidad, la protección se concede por cinco años, tras los cuales puede solicitarse la residencia permanente en el país. Mahmood anunció su intención de ampliar ese plazo a veinte años y revisar la condición del beneficiario cada dos años y medio. «Estamos cambiando la manera en que entendemos el estatuto de refugiado», declaró, al explicar que quienes procedan de países que más adelante se consideren seguros deberán regresar a ellos.

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Ivannia Salazar

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha alertado, durante una reunión con representantes de países balcánicos, de las dificultades para gestionar el flujo migratorio y ha pedido colaboración internacional para solventarlas

La ministra subrayó que su propuesta se inspira en el modelo de Dinamarca, donde el Gobierno concede permisos temporales y sujetos a renovaciones frecuentes. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, declaró que estas políticas buscan «enviar un mensaje a los traficantes de personas de que no deben elegir Dinamarca».

La referencia danesa provocó tensiones internas en el Partido Laborista. El diputado Clive Lewis afirmó que este tipo de medidas reproduce «argumentos propios de la extrema derecha». Mahmood rechazó esa acusación, recordó que ella misma es «hija de migrantes», explicó que sus padres llegaron al Reino Unido «legalmente a finales de los años sesenta y en los setenta» y añadió que la inmigración «forma parte de mi experiencia como británica». La ministra insistió en que su responsabilidad le exige actuar ante «un sistema que está roto y en el que algunas personas pueden burlar las normas, abusar del sistema y salir impunes».

El Ministerio del Interior informó de que 109.343 personas solicitaron asilo en los doce meses previos a marzo de este año, un 17% más que en el periodo anterior. Y los datos más recientes indican que más de 10.000 personas cruzaron el canal de la Mancha desde que Mahmood asumió el cargo en septiembre, una cifra que supera los totales de 2024 y 2023, aunque todavía inferior a la registrada a estas alturas de 2022.

Mahmood insistió en que las redes criminales venden «paquetes» que prometen alojamiento y comida gratuitos, y señaló que el país debe «afrontar esos factores de atracción» que favorecen las llegadas irregulares, y anunció que las ayudas en vivienda y subsistencia pasarán a ser discrecionales y se suprimirán para quienes tengan derecho a trabajar y no lo hagan.

El director del Refugee Council, Enver Solomon, advirtió de que la ampliación del período previo a la concesión de la residencia permanente «dejará a las personas en un limbo y en una tensa ansiedad durante muchos, muchos años». En su opinión, un sistema eficaz debe «resolver los casos con justicia y rapidez» y permitir que quienes son reconocidos como refugiados «contribuyan a nuestras comunidades y devuelvan lo recibido».

La oposición conservadora sostiene que las medidas del Gobierno son insuficientes. El portavoz 'tory' de Interior, Chris Philp, declaró que las propuestas de Mahmood son «artificios» y que se limitan a «retoques superficiales». También añadió que su formación propone abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y aplicar un sistema en el que quienes lleguen de manera irregular «no puedan solicitar asilo en absoluto y deban ser deportados en el plazo de una semana».

Desde el Partido Liberal Demócrata, su líder, Ed Davey, afirmó que su partido analizará los detalles de la reforma cuando se publiquen, aunque expresó «ciertas preocupaciones» por el rumbo que insinúan las medidas. Davey defendió que los solicitantes de asilo deberían poder trabajar, porque así «no necesitarían ayuda estatal» y la medida sería «mejor para la economía y mejor para los solicitantes».

La directora del Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford, Madeleine Sumption, señaló por su parte que resulta complejo anticipar el impacto de una norma concreta en los flujos migratorios, ya que «los solicitantes de asilo, al menos inicialmente, a menudo no saben cuáles son las políticas». Sumption recordó que muchos optan por el Reino Unido porque hablan inglés, tienen familiares en el país o han visto rechazadas sus solicitudes en otros países europeos.

Mahmood declaró que su misión consiste en demostrar que la reforma «puede funcionar» y en persuadir al país y al Parlamento de que el replanteamiento profundo del sistema migratorio es necesario en un contexto marcado por un aumento de llegadas irregulares, un deterioro del clima social y un debate que atraviesa no solo al Reino Unido sino a toda Europa.