La ministra de Defensa de Chile renuncia tras la fallida y polémica compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende

Aunque que ambas señalaron haber actuado de buena fe y que, finalmente, la transgresión no se había concretado porque la escritura no alcanzó a ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, la oposición mantuvo su presión frente a este hecho y tanto la exministra como la senadora socialista enfrentan requerimientos de destitución.

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La permanencia de Fernández en el cargo se hizo inviable después de que en los últimos días se conocieran nuevos antecedentes sobre la fallida compraventa que la ha dejado a ella y su tía en una delicada posición.

La exministra prestó declaración ante la fiscalía que investiga el caso a comienzo de marzo por cerca de tres horas. De dicho expediente judicial se ha filtrado que pese a traspasar la propiedad al Ministerio de Bienes Nacionales, la familia Allende seguiría controlando la vivienda por cuanto inmediatamente el Estado la entregaría en comodato a la Fundación Salvador Allende.

También se conoció que, tras la tasación hecha de la residencia del expresidente, el Estado ofreció cancelar cerca de 820 millones de pesos (885.000 dólares), casi unos 300 millones más que su valor fiscal. Sin embargo, el abogado de la familia, Felipe Vio, solicitó revisar el valor y, en menos de 15 días, el ministerio elevó el precio en 100 millones.

Solo horas después de conocerse la firma del contrato de compraventa, la oposición hizo ver la inconstitucionalidad de este. Después de unos días, el presidente Gabriel Boric, quien postuló la adquisición de la casa para convertirla en museo patrimonial, solicitó la renuncia a la entonces ministra de Bienes Nacionales.

Aunque se intentó hacer recaer en ella el costo político de la fallida operación, Chile Vamos y el Partido Republicano tomaron distintas acciones con el objetivo de que se sancionara a ambas autoridades.

Es así como a finales de enero, el Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el requerimiento presentado por diputados opositores para que se declare la cesación en el cargo de senadora de Isabel Allende. La parlamentaria era originalmente, junto a Fernández, heredera de la propiedad, y aunque vendió derechos de la misma a otros dos sobrinos, mantuvo en su poder un porcentaje.

Y hace cinco días, el mismo tribunal acogió a tramitación otro requerimiento opositor que solicita declarar la inhabilitación de Maya Fernández en el cargo de ministra de Estado.

Fernández renunció minutos después de que la oposición presentara en la Cámara de Diputados una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes al incumplir la ley y la Constitución. Este líbelo puede seguir su curso pese a la dimisión y, de ser aprobada por el Congreso (ambas cámaras), implicaría su inhabilitación para ocupar cargos en el Estado durante cinco años.

El candidato presidencial del Partido Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que las acusaciones no son para sacar a alguien del gabinete, sino que para asegurar el respeto a la Constitución y las leyes. Por lo mismo, afirmó que el proceso iniciado seguirá su curso pese a la renuncia.

La decisión de la exministra la dio a conocer el Palacio de La Moneda a través de un comunicado, donde el presidente Boric le «agradece su compromiso y trabajo desempeñado». En el mismo texto nombró como sustituta a Adriana Delpino, exministra de los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet.

Al dejar el cargo Maya Fernández sostuvo que durante su gestión actúo «siempre con lealtad y apego estricto a la Constitución y la ley».

En la misma jornada se informó también de la salida de uno de los asesores presidenciales más cercanos al mandatario, el frenteamplista Miguel Crispi, quien ha estado en el centro de la polémica por este y otros casos.

El exjefe de asesores fue vinculado al caso convenios o fundaciones en 2023, oportunidad en que se negó a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Esta fue conformada para establecer responsabilidades políticas en el traspaso de millonarios fondos desde el Estado a fundaciones vinculadas al oficialismo como pago de prestaciones que no se efectuaron.

Luego, y después de que la Contraloría señalara que estaba obligado a asistir al Congreso si era citado, Crispi concurrió a la comisión investigadora sobre el denominado caso Monsalve (exsubsecretario del Interior acusado de violación). En ambas instancias Crispi no ha prestado gran colaboración amparándose en que las conversaciones con el presidente son privadas.

Las dimisiones se concretan a horas de que el presidente Boric inicie este martes su último año de gobierno.