Miedo al «caos izquierdista» e indignación popular: por qué Meloni impone hasta siete años de cárcel a los okupas

Sus palabras fueron dinamita en un país donde la okupación es un tema ultrasensible. La primera ministra, Giorgia Meloni, no tardó en responder a Ilaria Salis con dureza en varias ocasiones: «Es vergonzoso que quien es pagado por los italianos para hacer leyes haga apología de violarlas. Es inaceptable que privilegiados ocupen casas destinadas a gente pobre».

El mensaje de Meloni fue siempre muy era claro: el «abusivismo» (término usado en Italia para la ocupación ilegal) sería una batalla prioritaria. Y así, el Senado italiano aprobó este miércoles una polémica Ley de Seguridad, que incluye catorce nuevos delitos, uno de ellos la okupación, castigada con cárcel de 2 a 7 años.

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Durante la sesión parlamentaria, la tensión fue altísima y en algún momento se rozó la pelea física entre los senadores. Precisamente, uno de los momentos de mayor tensión fue cuando el senador Alberto Balboni, de Hermanos de Italia, el partido fundado por Giorgia Meloni, se refirió a la eurodiputada Ilaria Salis, como símbolo intolerable de la okupación.

Balboni, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dirigiéndose a la oposición, les dirigió estas palabras que echaron chispas: «Entiendo que están a favor de la doctrina Salis, entiendo que están del lado del crimen organizado o la mafia, en lugar de con los pobres». Algunos senadores del Movimiento 5 Estrellas y del Partido Democrático se levantaron de sus escaños e intentaron acercarse a Balboni, detenidos por el servicio de seguridad del Senado.

La presidenta de la cámara en ese momento era Anna Rossomando, del Partido Democrático, que intervino para calmar los ánimos: «Señor presidente Balboni [de la Comisión de Asuntos Constitucionales], me veo obligada a llamarle la atención, por segunda vez, y le recuerdo que estas comparaciones ya han sido sancionadas en otra cámara [la de diputados] de este Parlamento». Alberto Balboni le respondió que había hecho uso de la «libertad de expresión».

Giorgia Meloni expresó su satisfacción en las redes sociales por la aprobación de la Ley de Seguridad. En particular se refirió también al delito de okupación: «Intervenimos con determinación contra las ocupaciones ilegales [de las casas], acelerando los desalojos y protegiendo a las familias, a las personas mayores y a los propietarios honestos, que con demasiada frecuencia se ven abandonados ante injusticias intolerables».

Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, defendió la ley como un «instrumento estratégico contra la criminalidad». Pero la oposición la tachó de «represiva y populista». El Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas denunciaron que criminaliza la pobreza y olvida la crisis de vivienda que afecta a miles de italianos.

Giorgia Meloni ha promovido una dura Ley de Seguridad, con acento especial en el delito de la okupación, fundamentalmente por tres razones: clave electoral; Ilaria Salis como símbolo, y para atajar un fenómeno que estaba disparando crecientes protestas.

La seguridad y el orden han sido pilares fundamentales en la campaña electoral de Hermanos de Italia y en la retórica de Meloni desde su llegada al poder. Además, la okupación es un tema emocional en Italia, donde el 72% de la población es propietaria de su vivienda (Eurostat, 2023). Meloni argumenta que el derecho a la propiedad privada es intocable y se debe defender a toda costa. La primera ministra capitaliza así el miedo a lo que ella considera «caos izquierdista», vinculando okupación con inseguridad.

La eurodiputada se convirtió en el enemigo público número uno de la derecha en el tema de la okupación, como se reflejó en debate parlamentario. En su día, Hermanos de Italia incluso propuso embargar el sueldo de la eurodiputada Salis para pagar daños y el importe de los alquileres no pagados por la casa okupada en Milán.

Por último, los datos de la okupación se hacían cada día más preocupantes. Casos mediáticos han contribuido a alimentar la necesidad de adoptar urgentes medidas. Por ello, el Gobierno Meloni aceleró con una contundente Ley de Seguridad. El Ejecutivo afirma haber desalojado 1.100 viviendas sociales (viviendas públicas para familias de bajos ingresos), y 150 inmuebles privados (pisos, locales comerciales y naves okupadas), en el año 2023.

En definitiva, ya está vigente el nuevo artículo de Código Penal sobre la okupación, que establece lo siguiente: Penas de 2 a 7 años para quien ocupe ilegalmente una vivienda ajena. Desalojo exprés: la policía podrá actuar sin esperar una orden judicial, agilizando unos trámites que antes podían tardar años. Protección al propietario: se considera delito incluso impedir el regreso del dueño a su casa.