México necesita 100.000 soldados para blindar su frontera sur

La disposición de Washington impide a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera entre EE.UU. y México cuando se registre un aumento de los cruces irregulares y también otorga a la Casa Blanca la posibilidad de cerrar la frontera de manera total por un período de 14 días. Biden firmó la orden ejecutiva horas después de hablar por teléfono con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que el pasado fin de semana arrasó en las elecciones.

Para el Gobierno mexicano se trata de todo un desafío, pues aquellos inmigrantes que no logren ingresar a EE.UU. permanecerán en México a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo. Se genera así una 'población flotante' con múltiples necesidades y expuesta a ser o bien reclutada por los cárteles de la droga o bien secuestrada por los mismos. El narco ha encontrado una fuente de ingresos en cobrarles el rescate a sus familias en sus países de origen.

Según explican desde la Cancillería mexicana a ABC, el papel del crimen organizado es central en este asunto bilateral, porque si bien México redujo los flujos migratorios hacia la frontera en el primer semestre, el número de solicitudes de asilo en EE.UU. no baja y en el Gobierno de López Obrador creen que los cárteles de la droga, ahora enfocados en el tráfico de personas, trasladan a los migrantes hacia la frontera y logran burlar los controles de las fuerzas de seguridad.

De hecho, varios funcionarios de López Obrador creen que las caravanas de inmigrantes están financiadas por el narco para que las autoridades se concentren en ellas y dejen desatendidas otras rutas hacia EE.UU., que, luego, son utilizadas para transportar personas. En lo que va del 2024, alrededor de cuarenta 'coyotes' -personas que se encargan del traslado al otro lado de la frontera de los inmigrantes- fueron detenidos y se comprobó su vinculación con los cárteles.

Las dos personas clave del futuro Ejecutivo de Sheinbaum para gestionar el drama que se avecina serán el próximo canciller Juan Ramón De la Fuente, que viene de ser embajador en Naciones Unidas, y el nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, persona de confianza de la presidenta electa cuando estaba al frente del Gobierno de Ciudad de México.

Según lo firmado por Biden, cuando el número promedio de migrantes que crucen ilegalmente la frontera alcance los 2.500 al día, se les impedirá solicitar asilo y se les devolverá a México o a sus países de origen. Las restricciones se levantarán cuando la media de siete días sea inferior a 1.500 al día. En diciembre del año pasado la cifra alcanzó las 5.000 personas al día y eso motivó una visita a Ciudad de México del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. En aquellos encuentros con Andrés Manuel López Obrador, se acordó que México controlara con más intensidad los flujos migratorios internos para impedir que los inmigrantes alcanzaran la frontera con EE.UU. Una clave de ese plan es que cuando las fuerzas de seguridad mexicana encuentran grupos de inmigrantes rumbo al norte, estos son «deportados internamente» y se les envía a Chiapas, en el sur del país, en la frontera con Guatemala.

También se elevaron los controles sobre los trenes de carga que van hacia el vecino del norte y donde los migrantes suelen montarse para llegar a la frontera. El Ejército y las compañías operadoras de la red ferroviaria intensificaron la supervisión para evitar transportar personas. De este modo, los flujos disminuyeron a partir de enero. Sin embargo, el pasado lunes las autoridades fronterizas se encontraron con unos 3.500 inmigrantes que cruzaban la frontera ilegalmente. La orden ejecutiva es la respuesta a ese drama.

«Sin duda, el presidente López Obrador y la candidata presidencial electa, Sheinbaum, deben trabajar de manera coordinada para hacer frente a esta medida de Biden, ya que el tema migratorio está nuevamente en la palestra político-electoral de EE.UU. y se presionará a México para que adopte medidas más severas en el flujo migratorio de tránsito en el país con objeto de que no se rebasen los límites que Biden está imponiendo», señala a ABC José Ignacio Martínez Cortes, coordinador del Laboratorio de Análisis de Economía y Comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

El problema es que México necesita, según fuentes de la Cancillería, al menos 100.000 soldados para blindar su frontera con Centroamérica. Atender la frontera sur implicaría quitar el foco de otros problemas como la seguridad interna, el robo de combustibles o el tráfico de fentanilo.

En paralelo, Chiapas, que sería la zona para intervenir, es hoy por hoy un terreno en disputa entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, que quieren controlar el estado para manejar el tráfico de personas, drogas y armas. Para complicar aún más el escenario, también operan allí diversos grupos guerrilleros.

El mes pasado, López Obrador y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron crear un frente de seguridad para controlar la trata de personas y el narcotráfico en la frontera sur de México.