México no logra detener la caravana 'Éxodo de la pobreza' que se dirige de modo imparable hacia la frontera con EE.UU.

La caravana, autodenominada 'Éxodo de la pobreza', inició en diciembre su ruta desde Chiapas, al sur de México, y avanzó cien kilómetros, hasta ser interceptados por autoridades del Gobierno, que les ofrecieron visas y empleos si desistían de su trayecto hacia la frontera, donde cada día llegan entre 8.000 y 10.000 personas que buscan entrar en Estados Unidos.

Los migrantes de la caravana, formada por aproximadamente 8.000 personas, aceptaron el ofrecimiento, y de inmediato fueron enviados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a diferentes pueblos con la promesa de que allí serían albergados y que se enviarían abogados para iniciar con los trámites de regularización.

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Pero, como estos procedimientos se han demorado más de lo tolerable, la caravana de inmigrantes ha anunciado ahora que se vuelve a conformar y reactiva su marcha con 2.500 de sus integrantes originales.

«Incumplieron, los dejaron en algunos albergues, separaron a las familias y causaron graves problemas», dijo a la prensa local Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana AC, y quien acompaña a la marcha, de acuerdo con la agencia Reuters.

Según la agencia AP, la hondureña Elizabeth Ulloa contó que fue llevada junto con sus dos hijos a un albergue en la ciudad Huixtla, donde estuvo cuatro días, pero, ante la falta de un documento que le permitiera avanzar hacia el norte de manera legal, decidió reincorporarse a la caravana.

«Nos prometieron que nos iban a llevar a Ciudad de México, pero cuando llegaron los autobuses dijeron que no, nos dividieron en diferentes lugares, unos a Arriaga, otros a Tuxtla, otros a diferentes lugares y otros a la calles», aseguró la centroamericana.

Diversas organizaciones de apoyo a migrantes reclamaron la semana pasada que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registre las supuestas violaciones de derechos cometidas por el INM en contra de integrantes de la caravana en Chiapas.

Alegaron que en los desplazamientos de personas hacia albergues organizados por el INM se habrían utilizado prácticas coercitivas contra mujeres y niños. También denunciaron actos de supuesta intimidación por parte del Ejército mexicano.

Estos desplazamientos de migrantes en México representan un problema de seguridad para el Gobierno de López Obrador, ya que estos suelen estar en la mira de grupos criminales que buscan secuestrarlos para extorsionar a sus familias o bien esclavizarlos en sus estructuras criminales.

Semanas atrás un grupo de treinta migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas, al norte del país, para finalmente ser liberados ante la presión ejercida desde el Gobierno. En tanto, en el Chiapas, al sur, se registran actualmente enfrentamientos entre dos de los principales cárteles de la droga como son el de Jalisco Nuevo Generación y el de Sinaloa, que se disputan el paso fronterizo con Centroamérica para controlar el tráfico de drogas en esa geografía así como también el tráfico de personas.