«Ni María Corina Machado ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente»

Esta saltó cuando, este viernes, el diputado oficialista José Brito, vinculado al grupo de chavistas 'alacranes', leyó un oficio de la Contraloría General (tribunal de cuentas) en el que declaraba la inhabilitación contra Machado para ejercer cargos de elección popular durante 15 años, después de una investigación patrimonial por atentar supuestamente contra la «ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía» de Venezuela. El extraño documento que presentó Brito no está firmado por el contralor general, Elvis Amoroso, sino por Antonio Meneses, director general de procedimientos especiales de la contraloría.

La Contraloría General no especificó desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación política, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año, con el argumento de que Machado no incluyó «conceptos» de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió en ese momento postularse como diputada para el Parlamento.

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El jurista Gerardo Blyde, jefe negociador en la mesa de diálogo por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela, fue enfático en su cuenta de Twitter al señalar que nadie –ni María Corina– puede ser inhabilitado administrativamente. «Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art.65 de la CN). Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la Constitución de 1999. Ni María Corina Machado, ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente», subraya.

Según el artículo 65 de la Constitución venezolana, «no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito».

El jurista Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, ha explicado algunas consideraciones técnicas de la supuesta «inhabilitación política» a Machado a través de Twitter: «La inhabilitación es un acto administrativo que adquiere 'eficacia' cuando se notifica al particular. La carta enviada a un tercero no otorga eficacia a ese acto supuestamente de 2015».

Por lo que «el acto administrativo que decide la inhabilitación requiere de un procedimiento administrativo previo y respeto al derecho a la defensa. Si esto no existió, el acto estaría viciado se nulidad absoluta», subrayó Romero en redes sociales.

Tras conocerse la noticia de la inhabilitación, han sido numerosas las muestras de apoyo hacia María Corina Machado, tanto por parte de sus compañeros que compiten en las primarias, como de parlamentarios europeos que repudiaron la maniobra chavista y se solidarizaron con la líder venezolana. La Organización Democristiana de América también se pronunció calificando su inhabilitación de «maniobra para debilitar el proceso electoral y de suprimir de la vida política a la oposición».

Por su parte, el Gobierno de EE.UU. condenó la decisión de la Contraloría que «priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.