Maduro viola la soberanía y la Constitución de Venezuela por entregar tierra a Irán

El abogado Hidalgo Valero, especialista en derecho penal y presidente del Movimiento de Defensores Populares, señaló que «el delito se ha consumado con la firma del Pacto por la ignorancia de Maduro, quien cree ser el dueño de Venezuela. Esperamos que la Asamblea Nacional no convalide la traición, se convertirían en cómplices».

La Constitución venezolana, la misma que impulsó Hugo Chávez en 1999, establece en su artículo 13 que «el territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna, enajenado, ni aún temporalmente o parcialmente a Estado extranjero».

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Si este grave hecho es verdad y está probado con documentos firmados por Maduro, autorizando un contrato por 20 años, cediendo en arrendamiento una porción de un millón de hectáreas del territorio nacional a la República Islámica de Irán, «estaríamos ante el más grave delito de traición a la patria, que se haya cometido en toda la historia republicana». Por consiguiente, Valero considera que «ese contrato sería nulo y acarrearía responsabilidad penal para quien lo autorice. También traería como consecuencia el cese inmediato de la función pública del traidor que lo suscribió», en alusión a Maduro.

También cita el artículo 129 del Código Penal, que contempla como delito de traición a la patria «el que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 9 a 26 años».

Por su lado el abogado César Pérez Vivas, exgobernador del estado de Táchira, señala que Maduro no se ha conformado con el saqueo de las finanzas públicas con el robo de la riqueza petrolera, sino que «ahora adelanta un remate de activos fundamentales del país».

«Estamos frente a una camarilla que no tiene racionalidad en el manejo de la cosa pública. Para ellos administrar no es asignar recursos humanos y financieros a la solución de los problemas de las comunidades, a la promoción del desarrollo humano integral. Administrar, para estos agentes del socialismo, es disponer a su antojo, al margen de toda norma legal, ética y técnica, de los bienes públicos», puntualiza.

De la implantación del modelo comunista, donde los medios de producción son propiedad del Estado, «están pasando a un modelo de economía mafiosa y oscura, donde esos medios de producción están siendo rematados, entregados a actores políticos y económicos aliados del régimen», en alusión a los ayatolás iraníes y otros.

«No se puede entonces, en base a la inconstitucional ley antibloqueo, ceder una porción tan importante de nuestro territorio a otro Estado, en este caso a la República Islámica de Irán. De concretarse esta operación la misma sería de nulidad absoluta, y su disposición generará responsabilidad política, penal y administrativa para Maduro y para los demás funcionarios, que por acción u omisión, permitan semejante disparate«, añade Pérez.