Maduro intensifica la represión y la tortura al aproximarse las primarias de la oposición

Los relatores Marta Valiñas, Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox Vial fueron los encargados de presentar el 4to informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra en el que califica de alarmantes las violaciones que estaría cometiendo el Gobierno chavista en el contexto electoral que viven los venezolanos, cuyas primarias se celebrarán el 22 de octubre.

Según Valiña, jefe de la Misión, que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó que tenía motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo.

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«La Misión también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo», detalla el informe.

«Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos», aseguró Valiñas, presidenta de la Misión. «Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela».

Los patrones represivos siguen ocurriendo. La Misión documentó el caso de Carla Da Silva que fue torturada y violada: «Van a venir 14 más que te van a violar», dijo un funcionario de las FAES (Fuerzas de Acción Especial policial). «Perra confiesa» le insultaban mientras la sometían a tratos crueles, asfixiándola con bolsas de plástico en la cabeza.

La ONU acusó al Estado venezolano de amenazar, vigilar, hostigar, difamar y censurar para «sofocar a la oposición». Uno de los expertos de la misión, Francisco Cox, especificó que hay mecanismos «duros» y «blandos» que conforman el «aparato represivo» y son usados con distintos niveles de intensidad.

Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.

El informe también denuncia la condena de 6 sindicalistas a 16 años de prisión, en agosto de este año, por la sola razón de reclamar mejoras laborales. «Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno», aseguró Patricia Tappatá Valdez.

Además denuncia «la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política», menciona los casos de las inhabilitaciones de opositores como María Corina Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles, candidatos de las primarias .