Maduro amordaza a la prensa por revelar el alcance real de su red de corrupción

El martes, en una conferencia de prensa, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, acusó a los periodistas que integran ese portal de coordinarse con Tareck el Aissami, un exministro y jerarca venezolano caído en desgracia, para supuestamente extorsionar al régimen y cometer fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Dijo de ellos el fiscal que son parte de una «estructura mediática extorsiva para dañar reputaciones», y que cobraban por silenciar o matizar informaciones, algo que estos niegan. No hay prueba alguna de ese supuesto chantaje más allá de la palabra de Saab.

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Este anuncio lo hizo la dictadura ante el estreno, el 14 de mayo, de un esperado documental titulado 'Una pauta peligrosa: Descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro', dirigido por Juan Andrés Ravell, en la prestigiosa cadena televisiva estadounidense PBS. Este expone las investigaciones de Armando.Info sobre cómo Saab se lucró sustrayendo dinero del programa de distribución de alimentos para personas desfavorecidas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se convirtieron en un medio de control de la dictadura y acabaron facilitando la distribución de víveres en mal estado a los necesitados.

Por primera vez, el fiscal que instruyó la causa que permitió el arresto de Saab, Michael Nadler, va a revelar unos detalles explosivos y muy dañinos sobre cómo la cúpula del régimen se lucró con un gran esquema de evasión comandado por Saab y sus lugartenientes. Ante el avance de sus investigaciones, en 2018 los periodistas de Armando.Info fueron demandados por difamación. Entonces tuvo que exiliarse de Venezuela el autor de las informaciones sobre el programa CLAP, Roberto Deniz, y los tres fundadores del portal, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Alfredo Meza. En 2021, un tribunal penal en Caracas emitió una orden de arresto contra Deniz por cargos de incitación al odio, delito que es punible con hasta 20 años de prisión.

El fiscal general de la dictadura les atribuye a Deniz y Scharfenberg un delito de extorsión por integrar una supuesta red de soborno dentro de una trama conocida como Pdvsa-Cripto, que capitaneaba el exministro del Petróleo y exvicepresidente El Aissami, arrestado el mes pasado por delitos relacionados con la corrupción. El Aissami es buscado por EE.UU. tras haber sido imputado en 2019 por evasión de sanciones. Antes, en 2017, fue sancionado por el Tesoro norteamericano por sus lazos con el narcotráfico.

Según dice a ABC Scharfenberg, el caso de El Aissami se ha convertido en una especie de cajón de sastre en que el régimen va echando lo que le parece para tratar de desviar la atención de sus tramas corruptas y sus excesos en periodo electoral. Justo las imputaciones y acusaciones se dan cuando se está dando un reacomodo en los clanes chavistas, con un rol central por parte de Alex Saab, tras su regreso a Caracas.

«Han sido días de desasosiego, porque aunque la arremetida de la fiscalía solo ha sido verbal es inminente que se nos impute en Venezuela. Si eso se cristaliza, tememos por nuestro personal en Caracas y nuestros familiares», dice Scharfenberg. «Junto a esa inquietud, tenemos una gran expectativa para que no haya una impunidad absoluta en el caso de Saab, se salió con la suya retoma sus negocios en Venezuela».

Saab afirmó que Armando.Info había exigido sobornos a El Aissami durante su mandato como ministro de Petróleo de 2020 a 2023. A cambio, Saab alegó que Armando.Info prometió suavizar o eliminar artículos negativos sobre él, sus aliados y la compañía petrolera estatal, y criticar a rivales suyos en el régimen.

Desde que ascendiera al poder en 2013, Maduro ha aniquilado los últimos vestigios de prensa libre en Venezuela, forzando a muchos periodistas a trabajar desde el extranjero, bien en Colombia, en EE.UU. o en España. No contento con eso, ahora el régimen se dedica a hostigar a los profesionales de la información que operan en el extranjero.

Carlos Martínez de la Serna, director del programa del Comité para Proteger a los Periodistas, asegura que «las autoridades venezolanas deben detener su cruzada contra los medios independientes. La represalia contra las investigaciones de Armando.info sobre la corrupción en los altos niveles del Gobierno es intolerable. El acoso debe cesar y las autoridades deben permitir que todos los periodistas de Armando.Info realicen su trabajo vital sin restricciones».