Lula empieza su tercer mandato con el empresariado a la expectativa

La política económica constituye la piedra de toque de la orientación del tercer mandato de Lula (cubrió dos periodos presidenciales entre 2003 y 2010). Si en su anterior etapa al frente del país pudo desarrollar un programa expansionista, fruto de los ingresos públicos derivados del prolongado incremento del precio de las materias primas, de las que Brasil es un gran productor y exportador, hoy correspondería una orientación opuesta, ante la crisis económica generalizada: el país debe hacer frente a una inflación que en 2022 fue del 9,4%, con una previsión de crecimiento del PIB para 2023 de solo un 1%, según los datos del FMI.

Las dudas sobre la dirección que, una vez comenzada la actual legislatura, tomará Lula han hecho que importantes personalidades de la economía y los negocios hayan preferido quedarse al margen, a pesar del deseo de Lula de incorporarlas al Ejecutivo. Así, finalmente, el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien procede de la oposición de centroderecha y cuya evolución política le llevó a integrar la fórmula electoral con un Lula necesitado de una imagen de moderación, compatibilizará sus funciones con las de ministro de Industria y Comercio. Rechazaron el puesto Josué Gomes da Silva, presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, y Pedro Wongtschowski, presidente del consejo de administración del grupo Ultrapar.

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Al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, Lula eligió desde el principio a Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo y dirigente del PT, porque con ello podía tranquilizar a su electorado tradicional. Si bien Haddad no representa la izquierda del PT (pero tampoco ha excluido una subida de impuestos), algunos destacados economistas han preferido no vincularse al Gobierno. Es el caso de Persio Arida y Lara Resende, que apoyaron a Lula en la campaña electoral y estuvieron en el equipo de transición presidencial y cuya ausencia en la nueva administración ha sorprendido.

El nuevo Gobierno, que ha pasado de 23 ministerios a 37, arranca con cierto aire de consenso. El nombramiento como ministra de Planificación de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, que concurrió a la primera vuelta de las presidenciales como una tercera vía entre Lula y Bolsonaro, muestra ese mayor registro ideológico. Por el otro lado político también se incorpora al Ejecutivo, como titular de Medio Ambiente, Marina Silva, una correligionaria que acabó enfrentándose a Lula por posiciones más a la izquierda precisamente en materia medioambientalista.

Ha habido también un alto consenso en el Congreso para permitir un mayor gasto social en 2023. Tanto Lula como Bolsonaro prometieron en la campaña electoral dedicar más fondos a las clases desfavorecidas, especialmente afectadas por la inflación, de forma que, tras un inicial tira y afloja, el Partido Liberal del expresidente, que cuenta con más parlamentarios que el PT, ha aceptado en el debate presupuestario que más de 30.000 millones de dólares queden fuera del límite de gasto permitido por ley, avisando de que solo aceptará esa excepción por un año.

El tercer mandato de Lula nace, pues, con la perspectiva de unos meses de momento tranquilos, hasta que las políticas, sobre todo las económicas, puedan evidenciar contradicciones internas en el Gobierno, dada su variedad ideológica; se encuentren con el fin de la tregua de la oposición en materia de gasto, y eventualmente puedan suscitar protestas sociales.

Otra zona de riesgo se refiere a la corrupción pública. Si bien se ha señalado que el principal objetivo de Lula es redimir su legado histórico, muy dañado por los casos de corrupción que afectaron el final de su anterior mandato y luego acabaron derribando a su sucesora, Dilma Rousseff, los cambios que ha impulsado el nuevo presidente en la legislación sobre las empresas públicas no son precisamente de buen agüero.

Caída Rousseff, durante la presidencia interina de Michel Temer el Congreso aprobó en 2016 la Ley de Empresas Estatales, con el fin de someterlas a un mayor escrutinio y supervisar mejor los mecanismos para el nombramiento de sus principales directivos. Los cambios que Lula pretende introducir relajan sus condiciones, de manera que las tres principales empresas estatales –Petrobras, Banco do Brasil y Caixa Seguridade– han perdido 25.000 millones de dólares en valor de mercado ante el temor de que se vean sometidas a una mayor influencia política. La modificación permitiría, por ejemplo, el nombramiento de Aloízio Mercadante, alguien envuelto en la sombra de la corrupción por el caso Lava Jato, como presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.