La lucha judicial por los aranceles no cierra la guerra comercial de Trump

Esta semana, un tribunal federal le ha llevado la contraria: la tienda no es solo suya y no puede hacer lo que quiera con los precios, es decir, con los aranceles. Los tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, decretaron en una decisión unánime tomada el miércoles por la tarde que Trump abusó de sus poderes presidenciales para imponer los aranceles. El golpe judicial al pilar de la política comercial de Trump, sin embargo, no es nada definitivo. Es solo una batalla perdida de una guerra comercial contra el mundo que no acaba aquí: el multimillonario neoyorquino ya ha plantado cara en tribunales y buscará alternativas para imponer sus gravámenes de un modo u otro, mientras el caos comercial y la incertidumbre para la economía no se van a ningún lado.

Este mismo jueves, menos de 24 después de la decisión del tribunal neoyorquino, un tribunal de apelación accedió a la petición de urgencia de mantener en pie los aranceles. Lo hace «de forma temporal» mientras considera el recurso del Gobierno. Es decir, los aranceles siguen en pie mientras la primera batalla judicial se ventila.

El tribunal neoyorquino ha determinado que son ilegales los aranceles que Trump impuso con la invocación de la Ley de Poderes Económicos por Emergencia Internacional, una legislación de 1977 que hasta ahora nunca se había utilizado para imponer tasas comerciales.

El sistema legal de EE.UU. establece que la competencia para imponer aranceles corresponde al Congreso. Y el tribunal decidió que la situación en la primera potencia mundial -con déficits comerciales que se registran desde hace décadas y que no han impedido que EE.UU. cimente su condición de primera potencia económica mundial- no era la de una «amenaza inusual y extraordinaria» para la economía.

La decisión imponía a la Administración Trump paralizar los aranceles impuestos a través de esos poderes de emergencia. Es decir, los llamados aranceles «recíprocos» que anunció en su cacareado 'Día de la Liberación', el pasado 2 de abril. Y también los que impuso contra sus principales socios comerciales -México, Canadá y China- como represalia por la entrada de inmigrantes indocumentados y droga en su territorio. No afectaban, eso sí, a otros aranceles impuestos en virtud de normativa desarrollada por el Congreso, como los específicos al acero y al aluminio.

Una segunda decisión judicial, conocida este jueves, esta vez de un juez federal de Washington, ha llegado a una conclusión similar en una demanda por parte de dos empresas pequeñas. Pero su impacto se limita a los aranceles que pagan esas compañías.

A la espera de lo que se decida en la apelación, la decisión del tribunal neoyorquino supondría un mazazo formidable contra Trump, que ha articulado buena parte de su política económica y de sus relaciones exteriores alrededor de los aranceles. Las tasas comerciales son no solo la fórmula para, en su visión, recuperar el sistema productivo de EE.UU. y resucitar a su clase media empobrecida, además de engordar las arcas públicas (se calcula que hasta ahora han conseguido 23.000 millones de dólares); también son un arma de presión para imponer su voluntad frente a otros países, como en las negociaciones con la Unión Europea por las tecnológicas o como en el episodio en el que forzó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a aceptar vuelos de deportación.

La reacción cauta de los mercados al bloqueo de los aranceles -la Bolsa de Nueva York se encaminaba este jueves hacia un cierre plano- era un anticipo de que, como mostró después el tribunal de apelación, queda mucho camino por delante. En el momento de la decisión de esta semana, los aranceles «recíprocos», que iban a suponer unas tasas disparadas para decenas de países -para la Unión Europea, incluida España, del 20%- estaban reducidos a una tasa 'universal' del 10% por una moratoria de 90 días, mientras EE.UU. negociaba de forma directa con cada país. En el caso de China, se habían reducido a un 30%. Ahora, según el tribunal, deberán desaparecer.

Pese al posible alivio inicial, la nube de incertidumbre sobre la política comercial de Trump -de la que están pendientes miles de exportadores de todo el mundo, desde los fabricantes de componentes tecnológicos de Vietnam hasta los olivareros de Jaén- no desaparece, algo que después reafirmó el mantenimiento de los aranceles.

«Es un abuso descarado del poder judicial para usurpar la autoridad del presidente Trump», reaccionó este jueves su portavoz, Karoline Leavitt, sobre la decisión del tribunal neoyorquino. Leavitt se quejó con amargura de la intromisión judicial en el poder ejecutivo, como ha hecho cada vez que los jueces o tribunales han dado la espalda a Trump. Habló de «jueces activistas», de «jueces corruptos», de la «tendencia preocupante y peligrosa de que los jueces no elegidos por las urnas se metan en las decisiones del presidente».

«Al final, el Tribunal Supremo va a tener que poner fin a esto», dijo Leavitt. Si las apelaciones acaban por dar la espalda a la Administración Trump, el asunto, como tantos otros, acabará en el alto tribunal, donde hay una mayoría reforzada de jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Trump en su primer mandato).

La batalla judicial impacta de lleno en las negociaciones que Trump tiene abiertas con países de todo el mundo para definir los aranceles definitivos antes de que acabe aquella moratoria. Por ejemplo, con la Unión Europea, a la que amenazó con imponer una tasa del 50% a partir del 1 de junio, molesto por la lentitud en las negociaciones. La capacidad de presionar a sus socios económicos está ahora en cuestión.

Pero Leavitt advirtió de que Trump tiene «otras autoridades arancelarias» que podría utilizar para impulsar de forma alternativa su política comercial. Por ejemplo, impulsar tasas comerciales basadas en las secciones 232 y 301 de la Ley de Expansión Comercial, que ha utilizado, entre otras ocasiones, para los aranceles específicos al acero y al aluminio. También podría imponer de forma temporal aranceles de hasta el 15% durante un periodo de 150 días antes de necesitar el refrendo del Congreso; e incluso desde hasta el 50% se justifica discriminación por parte de otros países. Otra opción es la legislativa: conseguir que el Congreso apruebe una ley que le dé esos poderes arancelarios, algo que, de momento, requiere de unos consensos que Trump está lejos de lograr.

Entre tanta incertidumbre, solo hay algo seguro: la guerra comercial está lejos de formar parte del pasado.