El FBI se llevó doce cajas con documentos que estaban en el sótano de Trump

La operación llevada a cabo por el FBI era la culminación de meses de tira y afloja entre Trump y las autoridades. La Ley de Documentos Presidenciales impone la preservación de cartas, notas, informes, correos electrónicos y cualquier otra documentación relacionada con el ejercicio de las funciones de presidente. Trump debería haber entregado todos esos documentos cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2017 tras su derrota electoral frente a Joe Biden. Pero se llevó parte de esos materiales a Mar-a-Lago, su club privado y residencia en la costa de Florida, donde vive buena parte del año.

Los Archivos Nacionales, el organismo encargado de preservar esos materiales, ha exigido durante meses la devolución. A comienzos de año, requirió a Trump la entrega de quince cajas con esos materiales, una exigencia que Trump no cumplió hasta que le amenazaron con acciones legales.

Las autoridades de los Archivos Nacionales señalaron que entre esos documentos había material clasificado que incluía información sensible para la seguridad nacional y comprobaron que Trump no había devuelto algunos documentos que pensaban que estarían en su posesión.

El Departamento de Justicia, al que los Archivos Nacionales derivó el caso, creía que Trump no había cumplido del todo con la entrega de esos materiales. El pasado junio, un grupo de investigadores acudió a Mar-a-Lago por este asunto, mantuvieron un breve encuentro con el propio expresidente y tuvieron acceso al edificio. Entre otras medidas, enviaron un requerimiento para acceder a los vídeos de vigilancia de la residencia y obtuvieron declaraciones del equipo de abogados de Trump sobre los materiales devueltos a los Archivos Nacionales.

El registro de este lunes se produjo, sin embargo, porque los investigadores sospechaban que la información que les habían dado no era completa o correcta y que Trump podía seguir reteniendo información sensible que no debe estar en su poder.

Un juez dio autorización para el registro, por lo que los investigadores debieron ofrecer indicios creíbles de que el expresidente retenía documentos que no debía.

En esta ocasión, Trump no estaba en su mansión -en los veranos, demasiado calurosos en Florida, no utiliza esa residencia- y solo una de sus abogadas, Christina Bobb, se personó durante la operación.

Bobb aseguró este martes a 'The Washington Post' que los agentes del FBI se llevaron cerca de una docena de cajas que estaban en un zona de almacén en el sótano y aseguró que la autorización judicial mostraba que los investigadores buscaban posibles violaciones a la Ley de Documentos Presidenciales en relación al uso de material clasificado.

Todavía no hay detalles sobre qué documentos encontraron los agentes y si su prioridad es asegurar ese material clasificado o encontrar evidencias para incriminar a Trump por su uso y retención de esos documentos.

El registro, el primero que sufre un expresidente, ha provocado una tormenta política en EE.UU. Los republicanos acusan a la Administración Biden, a su Departamento de Justicia y al FBI de «persecución política·» y de «politización» de la justicia.

Trump, que se enfrenta a otras investigaciones por su papel en el intento de dar la vuelta a los resultados electorales de 2020 y por el asalto al Capitolio del año pasado, además de un proceso de tipo civil contra su compañía en Nueva York, denunció que el registro está dentro de un «ataque coordinado» contra su persona.

El escándalo podría tener además repercusiones políticas importantes: se produce a tres meses de las elecciones legislativas -donde los demócratas se juegan sus mayorías exiguas en el Congreso, y tienen las encuestas en su contra- y ante la posibilidad de que Trump anuncie este mismo año su candidatura para recuperar la Casa Blanca en 2024.