Los límites legales del poder de Trump para desplegar a la Guardia Nacional

En concreto, han comenzado a desplegarse en la zona 2.000 miembros de este Cuerpo, informan medios internacionales. Con esta maniobra, el magnate republicano ha autorizado así a su secretario de Defensa, Pete Hegseth a emplear estas tropas para proteger a los agentes de la interferencia de los participantes en las protestas.

La Guardia Nacional es un cuerpo con doble dependencia compuesto por fuerzas militares estatales. En su recámara cuenta con una cifra de más de 400.000 componentes. Fue creada a principios del siglo XX y ha sido desplegada para lidiar con catástrofes como el huracán Katrina en 2005 o más recientemente durante los incendios forestales en California. En este último caso, sí contó con el visto bueno del gobernador.

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David Alandete

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El despliegue de esta Guardia Nacional se justifica por casos excepcionales. Así, no puede utilizarse para labores que generalmente corresponden a las fuerzas de seguridad, según fija la ley del país.

En condiciones normales, es activada por el gobernador federal de cada estado. Sin embargo, este fin de semana, Donald Trump se ha amparado en el Código de las Fuerzas Armadas, en concreto en una disposición especial –la Sección 12406 del Título 10– en la que se contemplan tres ocasiones que justifican que sea el presidente federal el que tome el control de este Cuerpo de seguridad en lugar del gobernador estatal que corresponda.

Estas son, en concreto, si el país, EE.UU., es invadido o queda en peligro de invasión; si hay una rebelión contra el Ejecutivo o peligro para que suceda, o si el presidente no puede ejecutar las leyes del país con las fuerzas regulares, informa la 'BBC'. El magnate republicano se ha amparado en la segunda de las justificaciones para argumentar su movimiento, por las «recientes protestas contra las redadas del ICE en Los Ángeles».

La Guardia Nacional está «específicamente entrenada para este tipo de situaciones multitudinarias», ha afirmado por su parte la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones en el programa 'Face the Nation' de CBS recogidas por AFP.

En su movimiento, el presidente Trump no ha invocado la Ley de Insurrección, empleada para reprimir disturbios violentos o proteger derechos civiles. Esto quiere decir que los militares no están habilitados para arrestar o patrullar como policías en el estado en cuestión. Por el momento, han usado gases lacrimógenos y maniobras no letales, informa David Alandete.

La acción del presidente de EE.UU. ha sido muy criticada y la situación ha conllevado una escalada de las tensiones entre el Gobierno de Trump y el estatal. La Administración Trump, en palabras de Tom Homan, conocido como el 'zar de la frontera' del equipo del republicano, ha puesto sobre la mesa la amenaza de detener al gobernador de California y a la alcaldesa de Los Ángeles si entorpecen las labores de la Guardia Nacional, informa EP. «Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo», ha expresado.

Como «intencionadamente incendiaria» la ha calificado el gobernador del estado de California, Gavin Newsom. Junto a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha pedido que se revoque esta medida de Trump. Las autoridades estatales han afirmado que la Administración Trump no tenía competencia para efectuar esta orden a la Guardia Nacional.

En ello ha insistido este mismo lunes Newson que, en una entrevista en la cadena 'MSNBC' recogida por Europa Press, ha informado de que van a presentar una demanda contra el Ejecutivo de Trump. En esa intervención ha reiterado el carácter «ilegal, inmoral e inconstitucional» de esta acción. También ha dicho que las autoridades federales «nunca coordinaron» con las autoridades locales la posibilidad de desplegar una fuerza que, a priori, ni siquiera fue solicitada. «Hay un protocolo, hay un proceso. A él no le importó. Y lo peor es que mintió completamente», ha criticado.

Así, ha enviado una carta a Hegseth para pedirle, como paso previo, que revoque este despliegue y devuelva el posible uso de esta medida al «control legítimo del estado de California», que decidirá en última instancia si debe o no desplegarla. Asimismo, ha expresado que las fuerzas de seguridad tienen la situación bajo control. Respecto a la demanda, no está claro si prosperará o no, debido a la existencia de unas leyes un tanto ambiguas, que abordan de forma paralela la cuestión del despliegue como algo estatal y federal.

También han criticado la orden del magnate republicano los líderes demócratas del estado de California, que han afirmado que este despliegue es innecesario, al tiempo que se trata de un uso inapropiado del poder por parte de Trump. Al mismo tiempo, han instado a los manifestantes a permanecer pacíficos.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, el jefe del Departamento de Policía, Jim McDonnell, afirmó en un inicio que él no habría solicitado esa asistencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, con la sensación de que no van a desaparecer las protestas muy a corto plazo dada la violencia de este fin de semana, McDonnell añadió: «Creo que debemos reevaluar la situación».

Desde 1965 no se había dado un caso similar a lo que ha ocurrido esta vez con Donald Trump en Los Ángeles. En aquel entonces, Lyndon B. Johnson activó la Ley de Insurrección a pesar del rechazo del gobernador de Alabama, donde envió tropas federales para proteger a quienes se estaban manifestando por los derechos civiles en las marchas de Selma, informa David Alandete.

También se ha enviado a la Guardia Nacional en otras ocasiones, aunque bajo petición del gobernador de turno. Una de ellas fue en 1992, cuando el de California pidió al presidente George HW Bush el apoyo de estas Fuerzas durante unos disturbios tras la absolución de policías que habían sido acusados de golpear al afroamericano Rodney King.

También en 2020 se produjo otro despliegue de la Guardia Nacional, esta vez forzada la petición de los estados que lo solicitaron por el presidente Trump. El motivo, en esa ocasión, las protestas por el asesinato de George Floyd.

Desde el pasado viernes se ha desatado una oleada de protestas y tensiones en Los Ángeles ante las redadas de inmigración del ICE. Tras tres días de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes por la política migratoria de Trump, son más de un centenar las personas arrestadas.