La Ley Bases de Milei llega al Congreso: las claves del proyecto que puede ser inminente

El triunfo no ha sido rotundo: en el camino, el oficialismo ha debido ceder en varias cuestiones. Entre ellas, reducir la cantidad de empresas del Estado a privatizar –eliminar de la lista, entre otras, a Aerolíneas Argentinas y a la Radio y TV públicas- y frenar cierto avance sobre las jubilaciones. De los 600 puntos iniciales que el Gobierno argentino aspiraba a lograr implementar en febrero han quedado poco más de 200. Estas son las medidas más importantes del proyecto de ley que tendrá su definición final hoy en la Cámara de Diputados.

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Uno de los capítulos de la ley que se aprobó dos semanas atrás en la Cámara de Senadores –pese a que la prensa local había anunciado que sería rechazado en el recinto- y que hoy va por su aprobación en Diputados es el otorgamiento de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, uno de los puntos más controversiales del proyecto de ley.

A partir de la declaración de «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética», el presidente contará con competencias extraordinarias durante un año que le permitirán tomar decisiones en ciertas áreas sin pasarlas por el Congreso. A lo largo de todo este período, el mandatario tendrá la posibilidad de legislar a través de decretos, pero estos luego deben ser controlados por la una Comisión Bicameral legislativa.

Si bien el Senado rechazó rotundamente algunas de las privatizaciones previstas en la Ley Bases –tales como la de Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Correos Argentinos y los medios públicos (Radio y Televisión Argentina)-, otras compañías pasarían a manos privadas de aprobarse la ley en la Cámara de Diputados.

De las 40 firmas que el Gobierno quería privatizar en la versión original de la ley –conocida inicialmente como Ley Ómnibus- apenas dos podrán ser privatizadas completamente: Intercargo, que brinda servicios en los aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), que trabaja tanto en la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos como en el traslado y almacenaje de combustible.

Por otro lado, en la ley que impulsa el Gobierno tanto Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) como los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A y la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan abiertas a la concesión privada.

Este capítulo, también aprobado por el Senado, ha sido uno de los más cuestionados por la oposición y los sindicatos. Plantea una «modernización» del sistema laboral. Elimina sanciones contra los empleadores en caso de trabajo «informal» y quita las indemnizaciones especiales que se aplican al tener trabajadores no registrados.

Además, estipula la creación de una nueva figura: el trabajador independiente con colaboradores, a partir de la cual se permite a un empleador la posibilidad de contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de «monotributistas» –trabajadores autónomos-, que no tienen relación de dependencia. Los críticos del proyecto sostienen que esto podría incrementar el grado de precarización laboral.

De la mano de la flexibilización laboral, la ley establece también otro beneficio para las empresas, que podrán extender el período de prueba de sus empleados durante un tiempo mayor al estipulado en la ley actual.

Se podrá tener a los trabajadores en evaluación durante seis meses–actualmente, es posible solo la mitad de ese tiempo- con la opción de ampliarlo a ocho meses, en el caso de empresas medianas, y hasta un año, si las firmas cuentan con menos de cinco empleados.

Esta medida establece una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante un período de 30 años para proyectos que superen los 200 millones de dólares. Además, prevé estabilidad normativa. El objetivo es fomentar la llegada de grandes inversiones extranjeras.

Si bien el propósito de la norma es atraer capitales extranjeros, los críticos de la medida consideran que esta ventaja hacia las multinacionales perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas (Pymes) argentinas, que en la actualidad generan el 70% del empleo.

Plantea el libre comercio de empresas dentro del sector energético. Esto abre la posibilidad de incorporar capitales de grandes empresas internacionales, a la vez que libera la extracción de recursos naturales para su exportación. También libera los precios dentro del sector, lo que podría generar un aumento de precios para el consumo interno.

Cabe recordar que en el sur de Argentina se encuentra la segunda mayor reserva de gas no convencional a nivel internacional y la cuarta de petróleo de todo el mundo: Vaca Muerta.

A partir de este capítulo de la ley, los evasores fiscales tendrán la posibilidad de blanquear capitales no declarados sin tener la obligación de pagar multas en el caso de que el dinero ingresado al sistema financiero argentino no salga del país antes del 31 de diciembre de 2025.

Este aspecto del proyecto de ley ha generado preocupación en Argentina porque se considera que deja la puerta abierta al lavado de dinero. Especialmente, en un país golpeado por el narcotráfico, como es posible advertir en la ciudad de Rosario.

Los empleados que decidan realizar una huelga como modo de protesta recibirán una penalización a través de su salario. A fin de mes, se les restará de su pago el porcentaje proporcional a la cantidad de días que se ausentaron a su puesto de trabajo.

Esta ha sido una de las medidas más criticadas por los sindicatos y asociaciones vinculadas con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Vinculado al punto anterior, el proyecto de ley plantea una penalización de la protesta a través de un incremento de las penas que se aplican. Las penas por incumplimiento podrían llegar hasta los seis años de prisión en el caso de que las personas sean identificadas como organizadores de las manifestaciones.

Cabe recordar que, habiendo apenas asumido el cargo de presidente, Javier Milei expresó su intención de prohibir las reuniones de más de tres personas en espacios públicos sin una autorización previa del Gobierno.

Se prevén aumentos en los impuestos vinculados al consumo de tabaco. Esta medida logró su aprobación rápidamente en la Cámara de Senadores con una amplia mayoría.

No obstante, en la votación realizada dos semanas atrás, varios de los legisladores que debatían la ley se abstuvieron de votar en este capítulo en particular.