La Justicia argentina investiga una red de extorsiones vinculada a los piqueteros

Según la investigación en curso, a comienzos de esta semana se realizaron 27 allanamientos en dichas organizaciones sociales, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, cuya titular es Patricia Bullrich. Algunos de los líderes piqueteros han sido imputados con los cargos de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. De acuerdo con la Fiscalía, se trataría de una red estructurada en cinco niveles y alcanzaría a 28 personas.

Este lunes los medios argentinos, al tiempo que daban cuenta del nuevo fracaso de la Ley Bases impulsada por el oficialismo en el Congreso, ponían su atención en una causa que ha desatado la polémica debido a la aparición de unos mensajes de WhatsApp, que mostrarían la red extorsionista dentro de ciertas organizaciones movilizadas contra las medidas del actual Gobierno. En los 'chats' se habla incluso de «castigos».

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Este nuevo método de denuncias telefónicas fue implementado con la llegada a la Casa Rosada del presidente Javier Milei, el pasado mes de diciembre. Antes de la primera gran movilización en su contra –la primera de varias protestas masivas–, el Gobierno puso a disposición de la ciudadanía una línea telefónica para obtener denuncias de extorsión por parte de piqueteros. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita han tomado en consideración 45 casos que habrían ocurrido en Buenos Aires.

A primera hora de ayer, el propio fiscal Pollicita presentó una serie de mensajes con el objetivo de demostrar la presunta extorsión que practican ciertos líderes de movimientos sociales. Pollicita es una figura ya conocida en los tribunales y en los medios de comunicación argentinos. En primer lugar, debido a que se trata del sucesor del fallecido fiscal Alberto Nisman, pero también por su denuncia contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, imputada en 2015 por presunto encubrimiento en la causa del atentado organizado por Irán contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.

«No van a retirar la mercadería porque no marchan», dice uno de los mensajes presentados por el fiscal. Otro pertenece a un diálogo en el que se consulta: «¿La falta justificada no sirve como marcha?». A lo que luego se le responde: «Pasa porfa algún comprobante de tu turno, así queda constancia que es un ausente con aviso y justificado».

Otro de los chats presentados por Pollicita se refiere incluso a la palabra «castigo». «Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada», reza. En la misma línea, otra conversación en tono de petición expresa: «Buen día, ¿me anotarían para trabajar mañana? Mi segundo día de castigo. Gracias». Mientras que en otra conversación se lee: «Estos no van a recibir comida, tienen 0 movilizaciones».

A partir de estos mensajes, la Justicia habría revelado la existencia de un esquema de control y sanciones, con ciertos registros de asistencias e inasistencias a las movilizaciones. También con castigos e incluso listas negras para los ausentes en caso de no presentar comprobantes médicos o de otro tipo. La pena habría sido la quita de alimentos y ayudas sociales.

Como consecuencia del avance de la causa, los movimientos sociales dieron una rueda de prensa en la que explicaron que la denuncias se refieren a casos puntuales y no a todas las organizaciones; y acusaron al Gobierno de poner en marcha una campaña de difamación en su contra.

La polémica sigue escalando minuto a minuto en toda la prensa argentina y suma un escándalo más al que deben hacer frente los argentinos en un año complejo, en el que la conflictividad social no deja de crecer.