Otro juicio del año en Hong Kong: Jimmy Lai

Su caso refleja la acelerada pérdida de libertades que ha sufrido Hong Kong desde que, en junio de 2020, entró en vigor la draconiana Ley de Seguridad Nacional con la que China ha aplastado las demandas democráticas de la ciudad, que en teoría gozaba de cierta autonomía bajo el principio de 'un país, dos sistemas'. Pekín quería imponer dicha normativa desde que recuperó la soberanía de la excolonia británica el 1 de julio de 1997, pero la fuerte movilización social en contra se lo había impedido, sobre todo tras la enorme manifestación que congregó a medio millón de hongkoneses con motivo del sexto aniversario de la devolución en 2003.

Desde entonces, y bajo el mandato del anterior presidente chino, Hu Jintao, el régimen del Partido Comunista se había cuidado de no encender demasiado los ánimos en Hong Kong, que gozaba de más libertades que el resto de China. Así lo demostraban no solo su internet sin censura y la existencia de partidos que abogaban por la democracia, sino también las protestas ciudadanas de 2012 contra la ley de educación patriótica y la 'Revuelta de los Paraguas' de 2014 reclamando pleno sufragio universal.

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Pablo M. Díez

Después de dos décadas en las que he sido testigo de los enormes cambios que ha vivido el gigante asiático, unos a mejor por su desarrollo económico y otros a peor por el autoritarismo de Xi Jinping, termino mi etapa como corresponsal de ABC en Pekín. Así es la China a la que llegué en enero de 2005 y así es la que dejo

Pero las multitudinarias manifestaciones de 2019 contra la ley de extradición a China, que empezaron de forma pacífica y derivaron en una violenta guerrilla urbana que sumió a Hong Kong en el caos, dieron al presidente Xi Jinping, más duro que Hu Jintao, el argumento perfecto para controlar de una vez por todas la situación. Con las protestas desactivadas por la pandemia del Covid, el régimen chino impuso el 30 de junio de 2020 una ley que, en aras de la seguridad nacional, criminalizaba la oposición política bajo los amplios delitos de subversión, secesión y colusión con fuerzas extranjeras. Además, Pekín reformó en marzo de 2021 el sistema electoral hongkonés para reducir los votos directos, aumentar el número de diputados afines y conformar un Parlamento local «solo para patriotas». Con esa mayoría «patriota» y sin oposición demócrata, el Consejo Legislativo de Hong Kong ('Legco') amplió el pasado mes de marzo la Ley de Seguridad Nacional de 2020, cubriendo 39 delitos que pueden ser tipificados como traición, insurrección, sabotaje, robo de secretos de Estado o espionaje e injerencia de organizaciones políticas extranjeras. Sus penas oscilan entre siete años de cárcel y cadena perpetua. Así, por pedir democracia o asistir a las vigilias que antes recordaban la matanza de Tiananmen, uno puede ser acusado de subversión y sedición en Hong Kong.

Todas estas leyes han permitido desmantelar no solo la oposición demócrata, cuyos líderes están entre rejas o en el exilio, sino también medios independientes como el diario 'Apple' de Jimmy Lai. Cumpliendo en aislamiento varias penas de prisión por su papel en las protestas de 2019 y por fraude, su periódico tuvo que cerrar en 2021 después de que las autoridades de Hong Kong congelaran sus fondos y arrestaran a sus directivos por, presuntamente, violar la Ley de Seguridad Nacional.

Casi un año después del inicio de su juicio en diciembre de 2023, y tras escuchar a numerosos testigos de la defensa y la acusación, Jimmy Lai se sienta en el banquillo desde el miércoles de la semana pasada imputado por colusión con fuerzas extranjeras y publicación de artículos sediciosos. En total, está acusado de tres cargos que podrían llevarle a pasar el resto de sus días en prisión, lo que supondría la pena más severa impuesta hasta ahora por la Ley de Seguridad Nacional china.

La dureza del castigo y la notoriedad del personaje, junto a su avanzada edad, han despertado gran interés no solo en Hong Kong, sino en el resto de la comunidad internacional. En diciembre de 2020, Reporteros Sin Fronteras le otorgó el Premio a la Libertad de Prensa y, desde el principio del proceso, numerosos gobiernos occidentales han pedido su libertad. Además de Donald Trump, quien ha prometido que mediará por él cuando sea investido presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico, Keir Starmer, aprovechó su reunión en la cumbre del G-20 en Brasil con Xi Jinping para expresar su preocupación por «el deterioro de la salud» de Jimmy Lai, momento en que fueron desalojados de la sala los periodistas que cubrían los primeros minutos del encuentro.

Lai, que tiene nacionalidad británica y cumplirá 77 años el 8 de diciembre, nació en Cantón (Guangzhou) y huyó al Hong Kong británico de niño, donde empezó a trabajar en una fábrica textil por una miseria. Con el tiempo, fue ascendiendo hasta director de la fábrica y, en 1975, compró una firma de ropa en bancarrota, Comitex, con la que se hizo rico produciendo jerséis para marcas americanas. En 1981 fundó la cadena de tiendas Giordano, que tiene 8.000 empleados repartidos por 2.400 tiendas de 30 países, entre ellos China continental.

Convertido al catolicismo, atesoraba una fortuna de más de mil millones de euros, con la que ha podido dedicarse a la política y los medios, fundando en 1995 el diario 'Apple', uno de los más populares de Hong Kong. Dicho periódico empezó como un tabloide sensacionalista de escándalos y temas picantes y acabó convirtiéndose en el más crítico con el régimen de Pekín, que considera a Jimmy Lai uno de los «principales instigadores» de las protestas de Hong Kong.

Debido a su popularidad, cada mañana se congregan a las puertas del tribunal decenas de partidores de Jimmy Lai y curiosos que hacen cola para presenciar la vista oral, como también ocurrió con los '47 de Hong Kong' sentenciados la semana pasada. En su defensa, Lai argumenta ante los jueces que «nunca» aprovechó sus encuentros con altos cargos de la Administración Trump, como el vicepresidente Mike Pence o el secretario de Estado Mike Pompeo, para reclamarles sanciones contra el Gobierno de Hong Kong. Pero sí reconoce que les pidió ayuda «no para hacer algo, sino para decir algo, para expresar su apoyo», y que quería que Trump hablara con Xi Jinping para detener la Ley de Seguridad Nacional.

Aunque niega haber pagado a partidos políticos del extranjero, admite «pequeñas» donaciones de entre 28.000 euros y 48.000 euros para 'think tanks' y organizaciones religiosas de EE.UU., así como de 24.000 euros al grupo Hong Kong Watch de Benedict Rogers, periodista y activista de derechos humanos especializado en Asia.

La Fiscalía esgrime en su contra sus artículos y numerosos comentarios en Twitter (ahora X) contra el régimen chino, entre ellos uno alabando a una adolescente que gritó «muerte a los falsos policías y a sus familias» durante las protestas de Hong Kong, por el que pidió disculpas. Pero Lai rechaza la violencia, niega «apoyar la independencia» de la antigua colonia británica y asegura que nunca permitió que su personal abogara por ella. En cambio, se ampara en su derecho a expresar su opinión y «en los valores del diario 'Apple', que son los de Hong Kong: imperio de la ley, democracia y libertad de expresión, religión y reunión». Pero todo eso puede ser delito ahora en Hong Kong y llevarle a la cárcel de por vida.