El juez de las deportaciones exprés acusa a la Administración Trump de desacato criminal

La amenaza de determinar que el Gobierno está en desacato criminal es la mayor escalada hasta el momento en la guerra entre Trump y la justicia, en un desafío por parte del multimillonario neoyorquino a los jueces que toman decisiones contrarias a sus intereses y en una prueba a la fortaleza de la separación de poderes en la democracia más vieja y estable del mundo.

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Javier Ansorena | Corresponsal en Nueva York

En una decisión muy razonada, de 46 paginas, el juez Boasberg concluye que hay «causa probable» de que la Administración Trump haya actuado en desacato y que mantuvo una «desconsideración deliberada» frente a sus órdenes.

«Este tribunal no llega a esta conclusión de forma ligera o apresurada», advirtió Boasberg. «De hecho, ha dado a los defendidos oportunidades amplias de explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria».

El episodio que propició el episodio de desafío a la Justicia ocurrió el pasado 15 de marzo. Trump buscaba anotarse victorias en su promesa de llevar a cabo la «mayor deportación de la historia» y buscó un subterfugio para conseguir la expulsión acelerada de miembros de bandas criminales: la invocación de una ley de 1798, pensada y utilizada en tiempos de guerra, para aducir que bandas como Tren de Aragua, de Venezuela, están ejecutando una «invasión» de EE.UU. bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.

Pocas horas después, montó a más de doscientos de inmigrantes sospechosos de ser cirminales en aviones en Texas y los puso rumbo a El Salvador, a Cecot, una cárcel de máxima seguridad para terroristas, el símbolo de la mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, frente al crimen violento.

Varios inmigrantes acudieron de emergencia a tribunales y Boasberg consideró que la aplicación de esa ley de 1798 era cuestionable y merecía medidas cautelares: además de bloquear el uso de esa ley bélica para las deportaciones, ordenó que los vuelos, que todavía no habían llegado a El Salvador, regresaran. Ahí empezó el desafío de la Administración Trump: ni los vuelos regresaron, ni cumplieron con sus exigencias de dar detalles sobre los tiempos de las expulsiones. Los abogados de Trump defendieron que los vuelos estaban ya fuera del territorio de EE.UU, y que el juez no puede meterse en la política exterior, que solo corresponde al presidente de EE.UU.

La gravedad de que el Gobierno desoyera una orden del poder judicial provocó una fuerte crisis política. Los aliados de Trump -azuzados por el más activo, Elon Musk- acusaron a Boasberg de ser un 'juez activista'. El propio presidente llegó a pedir el 'impeachment' o juicio político al juez, lo que le valió una amonestación del magistrado jefe del Tribunal Supremo, John Roberts.

El alto tribunal intervino y desbloqueó la orden de Boasberg contra este tipo de deportaciones por un defecto de forma (se deberían haber ventilado en Texas, no en Washington). Pero el juez federal defiende ahora en su escrito que eso «no excusa las violaciones del Gobierno» a sus órdenes. Boasberg abre ahora la posibilidad de que la Administración Trump «subsane» el desacato cumpliendo su orden. Eso supondría hacer algo a lo que Trump se niega de forma frontal: traer de vuelta a cientos de deportados para que gocen de las garantías de un proceso legal sobre su expulsión. De lo contrario, Boasberg irá adelante con el desacato que podría acabar en la recomendación al Departamento de Justicia para que investigue lo ocurrido (aunque es difícil pensar que ese departamento, copado por altos cargos muy leales a Trump dé cualquier paso al respecto).

Un portavoz de Trump, Steven Cheung, aseguró que la Casa Blanca recurrirá contra el escrito de Boasberg, como era de esperar.

La posibilidad de desacato en este caso, se suma a las tensiones en otro episodio similar y que ha capturado la atención en EE.UU.: la deportación «por error» de un salvadoreño, Kilmar Armando Abrego García. Este inmigrante indocumentado estaba en uno de los aviones que volaron a El Salvador aquel 15 de marzo, pero después la Administración Trump reconoció que lo hizo por un «error administrativo».

Esto dio lugar a una nueva pelea judicial, en la que el Gobierno no está cumpliendo las exigencias de la juez del caso, Paula Xinis. Después de que el Supremo determinara que la Administración Trump debe «facilitar» el regreso de Abrego García, Xinis ha acusado al Gobierno de no hacer «nada» al respecto, ha abierto un proceso para determinar si sus altos cargos están entorpeciendo sus órdenes y se plantea también declarar en desacato a la Administración.

Los altos cargos de Trump, empezando por su fiscal general, Pam Bondi, han defendido que el deportado es un «terrorista» -pese a que la juez Xinis no ha encontrado evidencias al respecto- y que si regresa a EE.UU. será deportado de nuevo. El presidente Bukele, interesado en mantener la mejor relación posible con Trump, dijo esta misma semana en la Casa Blanca que no facilitará la devolución de Abrego García a EE.UU.