Un juez bloquea una pieza central de la política migratoria de Trump: el veto a la petición de asilo en la frontera

La opinión del juez del caso, Randolph Moss, nominado por el expresidente demócrata Barack Obama, es que Trump se ha excedido en su autoridad como presidente y su orden rompe la legislación emanada del Congreso, que impone que los extranjeros pueden pedir asilo con independencia de cómo ha sido su llegada al territorio de EE.UU.

Según el juez, la situación de emergencia en la frontera, la «invasión» de inmigrantes indocumentados de la que siempre habla Trump, no justifica los poderes asumidos por el presidente para vetar la posibilidad de petición de asilo. Según su orden, que extendía y ampliaba una anterior de su antecesor, Joe Biden, los inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal no pueden pedir asilo. Tampoco quienes lo hacen por puertos de entrada oficiales, pero que no traen con ellos abundante documentación -justificación médica, certificado de antecedentes criminales, entre otros- cuando se presentan en ellos.

Trump firmó la orden ejecutiva con esas provisiones en el mismo día en el que su juró su cargo el pasado enero, a la vez que reforzaba la frontera con el despliegue de militares, con la conversión de cientos de kilómetros de una franja pegada a la frontera como territorio militar y con redadas y deportaciones de inmigrantes muy publicitadas para tratar de desincentivar los cruces. Su estrategia, al menos en la frontera, ha funcionado: el pasado mes de junio se registraron solo 6.000 cruces ilegales, un récord histórico.

El juez ha dado 14 días al Gobierno de EE.UU. para que plantee recurso. De momento, la Casa Blanca ha criticado con fuerza la decisión, a la que califica de «ataque a la Constitución» y que enmarca dentro de los esfuerzos de lo que han llamado «jueces radicales» por frenar las políticas de Trump.

El juez, sin embargo, no ha ordenado uno de esos bloqueos nacionales que han entorpecido a Trump hasta ahora y que el Tribunal Supremo tumbó en una polémica sentencia la semana pasada. Pero, como abría la puerta el alto tribunal, el magistrado ha permitido que todos los inmigrantes que se sientan afectados por el veto a la petición de asilo se sumen a una demanda colectiva.

«Esta sentencia significa que el asilo volverá a estar disponible para aquellos que huyen de peligros terribles y, con ello, reafirmar que el presidente debe respetar las leyes emanadas del Congreso«, reaccionó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Derechos Civiles, la organización que ha representado a varios inmigrantes en este caso. «La decisión no implica que la gente que pide asilo pueda quedarse aquí, pero restaura la promesa solemne hecha después de la Segunda Guerra Mundial de que nunca volveríamos a mandar a gente de vuelta al peligro sin al menos darles una oportunidad de comprobarlo».