Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

El alistamiento de los religiosos es un tema polémico en un Estado judío en el que gozan de privilegios desde su establecimiento en 1948. En la guerra de Gaza han muerto casi mil soldados y el sector laico del país reclama a los ultraortodoxos que den un paso al frente, pero estos se resisten y argumentan que ellos luchan con la oración. En junio de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó que no hay base legal para seguir eximiendo a los hombres ultraortodoxos de acudir a la llamada a filas y que deben comenzar a ser reclutados, lo que provocó un enorme malestar en la comunidad. Según el veredicto, eximir a los religiosos supone «una grave violación del principio de igualdad ante la ley».

No hay una fecha confirmada públicamente para la votación final de la ley de alistamiento, pero el lunes se debatirá el proyecto de ley en el parlamento y por eso los líderes de la comunidad llamaron a los suyos a salir a las calles de forma masiva.

Los medios ultraortodoxos defienden que «un Estado que recluta yeshivas (escuelas religiosas) no tiene derecho a existir» y Moshe Gafni, diputado de Judaísmo del Unido del Pentateuco (formación de judíos askenazíes), defendió que el estudio de la Torá es su contribución al pueblo de Israel y que obligarlos a servir «destruye la Torá».

El conflicto afecta directamente a la estabilidad del gobierno porque Benjamín Netanyahu necesita el apoyo de JUP y de Shas (formación de judíos sefardíes), las dos grandes formaciones religiosas, para conservar su mayoría. Los líderes de ambos partidos amenazan con abandonar la coalición si la ley sigue adelante y piden a las autoridades que den marcha atrás en el reciente endurecimiento de medidas contra quienes se niegan a presentarse en los centros de reclutamiento.

Este debate sobre la llamada a filas de los religiosos lleva mucho tiempo abierto y dirigentes políticos como Yair Lapid, ahora líder de la oposición, se han erigido en defensores de su aplicación. Lapid aboga por impulsar sanciones contra ultraortodoxos que evadan el servicio, incluso proponiendo la revocación de su derecho a voto. Netanyahu trata de contentar a todos e insiste en que su gobierno «encontrará una manera» de terminar con las exenciones. De momento lo que está sobre la mesa es un borrador de ley con sanciones leves, gran flexibilidad para los estudiantes de las yeshivá y la opción de prestar servicio comunitario en lugar de coger un arma.

Según los datos del estudio anual que realiza el Instituto de la Democracia de Israel, se calcula que en 2030 los ultraortodoxos supondrán el 16% de la población judía de Israel y en 2065 el porcentaje se elevará al 40%. Un crecimiento basado en la media de 6,9 hijos que tiene cada mujer ultraortodoxa, muy superior al 2,4 del resto de mujeres no jaredíes.