La izquierda en Iberoamérica busca expulsar a Guaidó de la OEA

En la Asamblea General de la OEA, que se ha reunido esta semana en Perú, una resolución planteada por Antigua y Barbuda, país aliado de Nicolás Maduro, pidió expulsar a los opositores a los que comanda Gustavo Tarre, alegando que en realidad Venezuela no es miembro desde 2019, cuando se retiró de ese organismo el régimen chavista. La resolución no obtuvo suficientes votos, pero quedó cerca de ser aprobada. Fueron 19 de un total de 35. Se requerían 23, dos terceras partes. En un giro radical a cuando ingresaron los opositores, designados por la Asamblea Nacional, en la OEA, votaron en su contra Colombia, Perú, Panamá, Argentina y Chile.

La oposición a esa medida defendida por los aliados de Maduro quedó en manos de Canadá, EE.UU., Paraguay y Guatemala. Se abstuvieron Jamaica, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana y Haití. En 2019, el Consejo Permanente le retiró el reconocimiento a Maduro con 19 votos a favor y seis en contra. Promovieron la resolución correspondiente EE.UU. con Argentina, Chile, Colombia, y Perú.

La OEA acusó a Maduro de perpetuarse ilícitamente en el poder, alegando que su reelección en mayo de 2018 fue fraudulenta. Animados por la Administración de Donald Trump, la mayoría de los países miembros de la OEA reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero ese apoyo ha disminuido ahora significativamente. El representante de Antigua y Barbuda ante la OEA, el embajador Ronald Sanders, se ha convertido en el principal defensor de ese cambio, alegando que la presencia de los opositores venezolanos «ya no tiene ninguna legalidad pues su mandato terminó». Lo relevante es que, aparte del voto positivo de Colombia y Chile, la resolución de Antigua y Barbuda fue presentada conjuntamente con otras naciones como México.

El actual representante de Venezuela ante la OEA, el opositor al chavismo Gustavo Tarre, decidió ausentarse de la Asamblea General de ese organismo internacional, alegando que su presencia generaría demasiadas distracciones. Según Tarre, «el rechazo de algunos países de la región al Gobierno interino ha llevado, en los últimos años, a que se deje de lado el problema humanitario y de derechos humanos y el debate de la Asamblea General se enfoque, en su lugar, en las credenciales de nuestra delegación, afirmando, incluso, que no se adherirán a las resoluciones aprobadas con la presencia de Venezuela».