Israel refuerza su operación de Rafah con el despliegue de tanques en el centro de la ciudad

Israel avanza y durante toda la noche bombardeó de forma intensa la zona de Tal Al Sultan, lugar de la matanza del domingo donde se encuentra el cuartel general de UNRWA, agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Esta ofensiva ha obligado al desplazamiento forzoso de un millón de personas en apenas tres semanas, según los datos de esta agencia. La huida de Rafah «se produjo sin ningún lugar seguro a donde ir y en medio de bombardeos. La gente llega a zonas con falta de alimentos y agua, montones de desechos y condiciones de vida inadecuadas«, denuncia UNRWA. El ejército habla de «evacuaciones», no de desplazamientos forzosos, y en sus comunicados se refieren a las zonas sin ningún tipo de servicios a las que llegan los civiles como «zonas humanitarias».

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La justicia internacional ordenó detener la operación en Rafah por el alto riesgo para los civiles y, tras el ataque al campamento, un equipo de Al Jazeera presente en Gaza denunció un nuevo ataque que afectó a otro pequeño campamento con tiendas de campaña en Al Mawasi, otra de las «zonas humanitarias», que dejó al menos veintiún muertos. El portavoz del ejército dijo no tener constancia de este ataque.

En Rafah no quedan hospitales operativos y el estado de los heridos es una de las grandes preocupaciones por la falta de medios para atenderles. Además de los combates, Israel mantiene cerrado el cruce de Rafah y esto impide la entrada de combustible, imprescindible para los generadores de los centros médicos.

Los frentes se intensifican para un Benjamín Netanyahu que no ha cerrado la vía a la negociación con Hamás. El portal Axios desveló que Israel entregó el lunes a Qatar, Egipto y Estados Unidos una propuesta actualizada sobre el acuerdo de rehenes en Gaza.

Se trata de una propuesta detallada que incluye la voluntad de ser flexible en cuanto al número de rehenes vivos que serán liberados en la primera fase del proceso y en cuanto a la voluntad de discutir la demanda de Hamás de una «calma sostenible» en Gaza. Tras la negociación fallida en El Cairo, ahora el escenario es Qatar, donde el primer ministro entregará el texto a los representantes del movimiento islamista palestino.

La matanza de civiles del domingo llevó a algunos representantes de Hamás a decir que esta acción congela cualquier opción de volver a la mesa negociación de forma inminente. Netanyahu tiene la presión de las familias de los cautivos, que volvieron a sufrir el chantaje emocional por parte de Yihad Islámica con un vídeo protagonizado por el ciudadano israelí Sasha Popanov, secuestrado en el kibutz de Nir Oz el 7 de octubre. Popanov dice en la grabación que «en los próximos días oirán la verdad de lo que me pasó a mí y a los demás prisioneros en Gaza«. Las familias culpan a Netanyahu de olvidar a sus seres queridos y anteponer la guerra a un acuerdo para poder traerles sanos y salvos de vuelta a casa.

En medio de la ofensiva diplomática de Israel contra España, Noruega e Irlanda y después de conocer la petición del fiscal a la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar la detención de Netanyahu, Yoav Gallant, ministro de Defensa, y tres líderes de Hamás por «crímenes de guerra», el diario inglés The Guardian y las webs israelíes +972 and Local Call revelaron que Israel supuestamente «desplegó sus agencias de inteligencia para vigilar, piratear, presionar, difamar y supuestamente amenazar al personal superior de la CPI en un esfuerzo por descarrilar las investigaciones de la corte». El trabajo de vigilancia comenzó en 2015 y se extendió también a altos cargos de la ONU y defensores palestinos de los derechos humanos.

Según la investigación de estos tres medios, el ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, bajo las órdenes de Netanyahu, «amenazó» a un fiscal de la CPI a causa de la investigación sobre crímenes de guerra y habría interceptado llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y documentos de funcionarios de la corte, incluido el Fiscal jefe Karim Khan y su predecesora Fatou Bensouda. La oficina del primer ministro negó estas informaciones.