Investigan la implicación de cárteles mexicanos en el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe

Este martes, el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, informó de las vinculaciones existentes entre los cárteles mexicano y los grupos delictivos en Colombia. El detonante fue la detención de diecisiete personas relacionadas con la explosión de una mina terrestre ubicada en los límites de los estados de Michoacán con Jalisco. García Harfuch reveló que entre los detenidos se encontraban doce colombianos –nueve exmilitares y tres civiles–. Algunos de los detenidos aseguraron haber sido reclutados por los cárteles del narcotráfico.

Ante esta situación, comentó el funcionario, se estaría confirmando un patrón de reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado –principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa–, quienes han incorporado a sus filas a exmilitares y personas procedentes de Colombia.

Los nexos del narco mexicano en Colombia también forman parte de la investigación del atentado contra el senador Uribe Turbay, especialmente desde que Petro pidió ayuda a Washington con la pesquisa. El Gobierno de Donald Trump ha puesto especial foco en el crimen organizado en México, hasta el punto de incluir a los cárteles en las listas de organizaciones terroristas. De hecho, el embajador que Trump nombró en Ciudad de México, Ronald Johnson, es un exagente de la CIA y exboina verde.

Una semana antes del atentado, Sheinbaum había anunciado la creación de un grupo de trabajo entre México, Colombia y EE.UU. para investigar la presencia de exmilitares colombianos en tareas de seguridad del narco en México, así como también las redes de los cárteles en Colombia, fundamentalmente el nexo con la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que el propio Petro ha denunciado.

A los pocos días del anuncio se produjo el atentado contra Uribe Turbay, que presenta dos circunstancias que están siendo analizadas en México, según confirmaron a ABC desde el Gobierno de Sheinbaum. La primera es el origen del arma, que fue comprada en el estado de Arizona y que salió de EE.UU. por Florida. Este es un sistema que suele ser utilizado por los cárteles mexicanos para introducir armas en sus redes delictivas de América Latina. Arizona, de hecho, suele ser el lugar donde el Cártel de Sinaloa obtiene sus recursos armamentísticos.

La otra pista es la del sicario. Hace un mes en Culiacán, la capital de Sinaloa, el Ejército mexicano desmanteló un comando del Cártel de Sinaloa que estaba integrado por tres adolescentes. El uso de menores de edad para crímenes de alto impacto es una tendencia criminal que se investiga actualmente en México y que tiene su paralelo en el atentado de Colombia, donde el sicario tenía 15 años.

El tercer punto que vincula a grupos criminales mexicanos con el atentado en Bogotá, y que está relacionado con el reclutamiento de menores, es una pesquisa de la Fiscalía de Medellín, donde, según políticos del partido de Uribe Turbay, Centro Democrático, se investiga un sistema de recompensas para cometer asesinatos. Ese mecanismo también lo ha implementado el Cártel de Sinaloa y tiene por objetivo encontrar sicarios jóvenes a los que no les importa poner en riesgo su vida para llevar adelante ejecuciones. En México, por ejemplo, se está investigando si hubo participación de adolescentes en el asesinato de dos asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Sobre ese caso, que sacudió a la política mexicana, también se cierne la sombra de Sinaloa.

El objetivo de esta práctica es el de comprometer a personas que saben poco o casi nada de la situación interna del cártel agresor. De hecho, los ejecutores reclutados suelen tener muy poca información de sus potenciales víctimas. A esto se suma que los costos son mínimos: el sicario que atentó contra el senador colombiano habría recibido poco más de 4.000 euros.

En diversos despachos oficiales del Gobierno de Sheinbaum flota en el aire una pregunta: ¿el atentado contra Uribe Turbay es un mensaje del Cártel de Sinaloa contra EE.UU. al agredir a un político aliado de Washington? El tema se habría abordado esta semana de manera tangencial en la reunión de dos horas que la presidenta mexicana sostuvo con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el segundo de Marco Rubio.

Dos elementos dan vuelo a las especulaciones en el equipo de seguridad. El primero es que al día siguiente del atentado en Bogotá el Gobierno de Trump anunció nuevas sanciones económicas contra Iban Archibaldo Guzmán, jefe de la facción de Los Chapitos en el Cártel de Sinaloa. Actualmente se trata del capo más buscado por la autoridad en México.

El periódico 'The Wall Street Journal' informó que en los últimos meses el Ejército mexicano estuvo dos veces muy cerca de capturarlo. Además de las sanciones, se anunciaron también nuevas recompensas por su captura. «Tenemos blancos prioritarios, que son objetivos prioritarios, y que son de los dos países, de México y EE.UU. como es el caso de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán», afirmó García Harfuch esta semana.

El segundo punto es la denuncia del entorno del senador colombiano de que pidió en reiteradas ocasiones –hasta en 23 ocasiones– más seguridad para sus actos de campaña a lo largo del país. Las peticiones hicieron especial hincapié en los movimientos de Uribe Turbay en los departamentos de Tolima y Santander, zonas donde los cárteles mexicanos tienen intereses. Según el parte médico de este jueves, la situación de Uribe sigue siendo crítica.