Una investigación relaciona a la constructora del principal estadio del Mundial de Qatar con la persecución de uigures chinos

CRCC es una filial del grupo estatal chino del mismo nombre que ganó la contrata para construir el estadio de Lusial, en Doha, donde en diciembre se disputará la final de la competición internacional. Estas últimas alegaciones sobre la responsabilidad de CRCC en la persecución de los musulmanes uigures representa una siniestra vuelta de tuerca en el millonario proyecto deportivo de Catar, que ha estado envuelto en la polémica desde sus inicios.

The Times apoya su denuncia en archivos de acceso abierto publicados en webs del gobierno chino, de acuerdo con el autor del reportaje, Phil Robinson. Los documentos obtenidos a lo largo de la investigación demuestran, al parecer, que CCRC adquirió en 2019 «una cantidad grande de cemento para construir una prisión en Onsu», provincia de Xinjiang.

Por otro lado, imágenes de Google Earth captadas después de la operación desvelan la adición de enormes cantidades de dicho material en un proyecto de construcción de una cárcel al sur de la ciudad de Aksu, en el mismo distrito autonómico.

El periodista asegura que el Instituto Australiano de Política Estratégica ha identificado la mencionada prisión como uno de los centros de detención que China utiliza para los supuestos disidentes musulmanes. Y hace referencia a un informe de Radio Free Asia sobre el número de detenidos: uno de cada seis habitantes uigures de Onsu estarían en prisión en 2018.

La misma corporación china terminó construyendo el estadio de Doha, siguiendo un diseño en el que ha intervenido el estudio de arquitectura de Norman Foster. La sospecha de complicidad en abusos de los derechos humanos de la etnia uigur se añade ahora a múltiples denuncias sobre las pésimas condiciones laborales de los obreros que han levantado las instalaciones del Mundial 2022.

Robinson señala en su artículo que «no hay pruebas» de que CRCC conociera de antemano el destino y función que las autoridades de Xinjiang darían finalmente a la cárcel de Onsu. Se estima que unos dos millones de uigures y otras comunidades de China han sido detenidos en el «programa de adoctrinamiento» de minorías étnicas. El gobierno de Pekín niega la existencia de una red de centros de re-educación y hace hincapié, en cambio, en el «progreso en la provincia en contraterrorismo y de-radicalización, protección de la libertad religiosa y promoción del crecimiento económico y del sustento».

Asociaciones de víctimas han denunciado torturas y malos tratos, violaciones sexuales y tratamiento médico forzado, desapariciones de familiares y encarcelamiento sistemático de individuos y familias residentes en esta región del noroeste chino, fronteriza con Kazajistán.