Un juez declara inconstitucional una parte clave de la reforma sanitaria de Obama

El juez Henry Hudson de Virginia cree que la cobertura mínima (la llamada Minimum Essential Coverage Provision) «no está ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución»

PEDRO RODRÍGUEZ

Un juez federal en Virginia ha declarado la inconstitucionalidad de una parte fundamental de la reforma sanitaria auspiciada por Barack Obama: la obligatoriedad bajo pena de multa de que todos los ciudadanos de Estados Unidos adquieran pólizas de seguro médico, con o sin subsidios en ... función de sus ingresos.

El magistrado Henry E. Hudson, en una anticipada sentencia de 42 páginas, considera que esa imposición supone una expansión sin precedentes del poder federal que carece de respaldo constitucional en la autoridad del Congreso para regular el comercio entre Estados de la Unión.

Este caso, que será recurrido por la Administración Obama, forma parte de una veintena de retos planteados por fiscales generales de Estados republicanos que se oponen a la reforma sanitaria. Sobre todo a la obligatoriedad a partir del 2014 de contratar un seguro médico privado como forma para ayudar a financiar a más de treinta millones de americanos que carecen totalmente de cobertura, ya sea por gozar de buena salud, carencia de recursos o por sufrir enfermedades graves que les dificultan la contratación de pólizas.

Dentro de esta pulso en los tribunales federales, otros dos jueces en Michigan y Virginia ya han indicado la legalidad de la cláusula de obligatoriedad en la reforma sanitaria que el presidente Obama firmó el pasado marzo. Toda estas opiniones contradictorias enfilan esta intensa disputa hacia el Tribunal Supremo, además de dar ánimo a los sectores que aspiran a que la esa decisiva legislación termine siendo anulada ya sea por el nuevo Congreso con mayoría republicana en la Cámara Baja o por los tribunales federales de Estados Unidos.

La Administración Obama insiste en que sin un factor de obligatoriedad para repartir riesgos no se podrá controlar efectivamente la desbocada factura sanitaria de Estados Unidos . Según la Casa Blanca, su posición está amparada bajo las prerrogativas constitucionales que tiene el gobierno federal para regular la actividad económica entre todos los cincuenta Estados de la Unión.

La decisión del magistrado Hudson, nominado por el presidente Bush, no ha resultado exactamente una sorpresa a tenor de los preguntas y comentarios que formuló durante la vista oral celebrada en la corte federal de Richmond. Empezando por la analogía de que el gobierno federal no tiene autoridad para "obligar a los americanos a comer espárragos". Teóricamente, el siguiente paso tendría que ser la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que cubre el Estado Virginia. Pero los instigadores de este recurso han indicado su intención de solicitar la inmediata intervención del Supremo

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