La Iglesia Católica en Cuba se ofrece para facilitar un diálogo entre el gobierno y la oposición

El sacerdote hizo referencia a las protestas del pasado 17 y 18 de marzo, las mayores acontecidas en la isla desde el 11 de julio de 2021 (11-J). Durante estas jornadas, miles de cubanos del oriente del país (Bayamo y Santiago de Cuba) salieron a protestar a las calles gritando «corriente y comida», «Libertad» y «Patria y Vida».

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Camila Acosta

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Según la ONG Prisoners Defenders, al menos 24 de los 31 presos políticos añadidos a su listado mensual estuvieron relacionados a las protestas de marzo, para un total de 1.092 prisioneros de conciencia existentes actualmente en la Isla.

A esta situación de miseria y violaciones de derechos humanos, se suma el peor éxodo de la historia de Cuba. Según el economista Emilio Morales, más de 720.000 cubanos han emigrado a Estados Unidos desde que Joe Biden arribara a la Casa Blanca, lo que representa casi un 7 por ciento de la población; otros miles se encuentran en la travesía por fronteras o esperando que les aprueben el programa de reunificación familiar o el parole.

Frente a este panorama, el padre Suárez recordó que «los obispos han invitado a orar para que se encuentren soluciones, para que podamos salir de esta situación angustiosa, para que los gobernantes del país tengan sabiduría y audacia a la hora de tomar decisiones que favorezcan la vida de la gente».

Aseveró igualmente que los obispos «han constatado el dolor del pueblo» y por ello han invitado a favorecer este «espacio de encuentro» y «diálogo» entre todas «esas posturas diferentes, pero no necesariamente contradictorias».

De igual forma, expresó su deseo de que esas posiciones diferentes «no sean hostiles» entre ellas y «puedan ayudar a buscar soluciones concretas que este pueblo necesita».

«Los cubanos podemos amar a Cuba con visiones diferentes, con perspectivas diferentes», afirmó. De esta forma, invitó a «poner por encima de esas diferencias el amor a Cuba y el deseo de mejorar la vida de este pueblo en su presente y en su futuro».

Cuatro días después de estas declaraciones, la Concertación Democrática D'Frente publicó un comunicado en el que manifestaron «la necesidad de que -ante esta hora grave de la historia- los actores políticos plurales pongamos por encima de las diferencias el amor a Cuba y el deseo de mejorar el presente y el futuro de nuestro pueblo».

La organización, integrada por varios «actores civiles y políticos cubanos plurales», expresó «su disposición de participar en ese diálogo e iniciar -definitivamente- esa senda hacia una Cuba en la que todos y todas, con perspectivas diferentes, podamos disfrutar de libertad, democracia, prosperidad y justicia. Único camino para la tan necesaria Reconciliación Nacional, basada en la paz, el bienestar y la libertad».

Asimismo, aseguró que «este llamado constituye un paso histórico que recoloca a la Iglesia sobre su papel fundacional, importante para su capacidad de convocar el consenso de la nación».

También el Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC) emitió su apoyo a la Iglesia católica como «mediadora justa e imparcial» para «hallar una solución pacífica e incluyente» en Cuba. La organización agradeció el «ofrecimiento abierto, sincero, y bien intencionado, que puede abrirnos la puerta a un futuro mejor para nuestro pueblo en libertad, respeto, concordia, bienestar y paz».

El ofrecimiento de la Iglesia Católica llega en un momento de tensas relaciones entre esta institución y el régimen cubano. Hace pocas semanas la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) prohibió las procesiones por Semana Santa en varias iglesias del país.

El diálogo con el régimen cubano ha estado sobre la mesa en varias ocasiones. Fue, por ejemplo, uno de los pilares de la manifestación frente al Ministerio de Cultura de Cuba el 27 de noviembre de 2020, y del movimiento 27-N que nació ese día. Los cientos artistas, intelectuales, periodistas y activistas que se nuclearon en torno a esta iniciativa pretendían lograr ciertas concesiones como el respeto a la libertad de expresión y asociación. El resultado fue un rotundo fracaso y el aumento de la persecución a los disidentes.

Pero el diálogo es rechazado por muchos sectores de la oposición. Algunos opinan que es en vano, otros que es darle tiempo a la dictadura, y otros cuestionan el proceso y sus resultados, pues si se trata solo de lograr prebendas de la dictadura y no de exigir un cambio radical o una transición a la democracia, se está facilitando el llamado cambio-fraude.

El cambio-fraude sería una transición al estilo ruso, donde se adopten ciertas reformas pero los funcionarios del PCC, los militares, sus familias y personas cercanas a la cúpula, mantendrían el poder económico y político, mientras se perpetúan las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia.

«¿Está la envejecida élite de poder cubana preparada hoy para autorizar a su gobierno a negociar no medidas parciales sino el fin del régimen totalitario o solo le interesa ganar tiempo, imagen pública y aprobar medidas de reforma limitada que ya tienen pensadas adoptar de todos modos? ¿Quién va a seleccionar y sobre cuáles criterios a los interlocutores del estado? ¿Quién decidirá cuales representan genuinos activistas y no agentes disfrazados de tales para ayudar al estado a llevar la brasa a su sartén en las discusiones? ¿Y quién representará a los cientos de miles de personas que han salido del 11 de julio de 2021 hasta hoy a las calles a exigir libertades y derechos y nunca han optado por pertenecer a ningún grupo opositor organizado?», se cuestiona Juan Antonio Blanco Gil, presidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21.

Para este exanalista de la inteligencia cubana «por diálogo, la élite de poder solo ha entendido hasta hoy un proceso en que ellos seleccionan los locales y confeccionan por sí mismos la lista de quienes serán sus interlocutores vetando los indeseables. Deciden los temas que pueden incluirse o no en la agenda, controlan el uso de la palabra y la información pública que se ofrezca sobre su desarrollo. Son procesos para ganar tiempo, imagen pública, y pasar como consensos aquellas medidas que ya habían acordado previamente que necesitan aprobar como parches para mantener el sistema, no para reemplazarlo».

No es esta la primera ocasión en que la Iglesia Católica cubana se ofrece como mediadora frente a los conflictos nacionales.

Entre 2010 y 2011, el entonces Arzobispo de la Arquidiócesis de La Habana, Jaime Ortega Alamino, intermedió para que cerca de un centenar de disidentes y opositores cubanos conocidos como el Grupo de los 75 fueran excarcelados y abandonaran el país hacia España, a través de acuerdos entre los gobiernos de Raúl Castro y José Luis Rodríguez Zapatero.

Para Juan Antonio Blanco Gil, «la experiencia con otorgarle categoría de mediador al Cardenal Ortega sirvió a Raúl Castro para ningunear a los familiares de los presos sin haberlos recibido nunca e imponer unilateralmente sus condiciones a Ortega: la liberación era del calabozo al aeropuerto para salir hacia Madrid al destierro permanente».

Asimismo, su intervención, por encargo del Papa Francisco, resultó clave en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en 2014, conocina como «deshielo».

Por entonces, en torno a la Iglesia Católica, con el Cardenal Jaime Ortega Alamino al frente, se articularon iniciativas que buscaban promover reformas en la Isla. Esto provocó la oposición de sectores de la sociedad civil como del Movimiento Cristiano de Liberación, liderados por Oswaldo Payá, quien acusó a los editores de la revista de la Arquidiócesis de La Habana Espacio Laical de ser «verdaderos perseguidores para que nadie dentro de la Iglesia exprese críticas abiertas al Gobierno», así como que actuaban como «verdaderos comisarios políticos» e involucrándose «galopante y directamente en la legitimación o lavado de cara de este cambio-fraude».

En las actuales circunstancias, Blanco Gil no aconseja «a la iglesia asumir ese rol ni a los interlocutores del estado admitir esa figura».