Honduras: el peaje de la droga

El flujo de la cocaína varía sus recorridos en función de las facilidades o dificultades que encuentra a su paso; desde hace más de quince años, cuando el régimen chavista se convirtió en una gran puerta de salida de la droga colombiana, las narcoavionetas que parten de suelo venezolano aterrizan en la vertiente norte de Honduras. Lo hacen especialmente en la selva de Gracias a Dios, y de ahí las cargas se desplazan hacia los puertos hondureños y la frontera con Guatemala para seguir rumbo hacia México y Estados Unidos. En la medida en que el narcotráfico ha ido penetrando en el país, han aparecido grupos delictivos propios, como Los Cachiros, así como algunos laboratorios de producción de cocaína a partir de la pasta de coca que llega de Colombia (también se ha detectado comienzo de cultivo, aunque no afecta de momento en una extensión reducida).

Si la droga aterrizara en Gracias a Dios y de allí volviera a volar, como en una mera escala, bastaría corrupción local para proteger el negocio. Sin embargo, la mercancía recorre todo el país, especialmente su mitad norte, con lo que el dinero que entra en el sistema político nacional ha ido incrementando el número de operadores, como alcaldes y diputados, que presumiblemente participan de esas redes. Y en un país pequeño como Honduras ministros y presidentes están muy cerca de la base de la pirámide jerárquica.

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Así ocurrió con Juan Orlando Hernández, presidente entre 2014 y 2022. Tanto él como su hermano Tony mantuvieron estrechas relaciones con el narcotráfico, posiblemente desde la campaña electoral de 2013, si bien el vínculo creció con el tiempo. El hermano fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami y condenado en Estados Unidos a cadena perpetua en 2021. Cuando el presidente concluyó su mandato, Estados Unidos solicitó y obtuvo su extradición y a comienzos de este año fue condenado a 45 años de prisión. En los dos juicios, un testigo clave fue Devis Rivera Madariaga, exjefe de Los Cachiros, el mismo que ahora ha puesto en evidencia al entorno de la actual presidenta, Xiomara Castro, y su marido.

La publicación a primeros de septiembre de un video grabado en 2013 en el que aparece Carlos Zelaya, cuñado Castro y los últimos dos años y medio líder del Congreso, negociando con Los Cachiros la entrega de medio millón de dólares –la mitad de los cuales para su hermano Mel, coordinador entonces de la candidatura presidencial de su esposa– parece repetir la historia. Sospechosamente, Castro se ha apresurado a romper el acuerdo de extradición con Estados Unidos, mientras que tanto Carlos Zelaya como su hijo José Manuel Zelaya, que venía ejerciendo como ministro de Defensa, han presentado su dimisión para dañar lo menos posiblemente la imagen de la presidenta.

Las investigaciones que debiera hacer la Fiscalía hondureña podrían aclarar la participación o no de Castro en toda esta trama. Sin embargo, cortada la posibilidad de extradición de los implicados y por tanto del uso en Honduras de información de confidentes y testigos de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, es difícil que el caso se abra plenamente camino en los tribunales del país, donde los Zelaya tienen una gran influencia. Probablemente Castro agotará su mandato y la duda está en si se presentará de nuevo a las elecciones de 2025 (la reelección no está permitida por la Constitución, si bien José Orlando Hernández se saltó esa disposición). Pero si las pruebas acabaran incriminándola de igual modo que a su antecesor –lo que, siguiendo la presunción de inocencia, está por ver–, cualquier viaje a Estados Unidos constituiría un riesgo, amén de que otro presidente podría restablecer la extradición.