«¡Fuera de Honduras. Aquí nadie mira el conteo!»

Era el centro de votación 10.565, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un punto crítico del escrutinio en Tegucigalpa. Apenas cruzaron la puerta empezaron los gritos: «¡Fuera de Honduras!», «¡No queremos extranjeros!», «¡Aquí nadie mira el conteo!». La orden era clara y estaba dirigida a nosotros, que habíamos venido para observar e informar del cierre y el recuento.

Intentamos explicar que teníamos acreditación, que estábamos cumpliendo las normas del Consejo Nacional Electoral. No hubo margen para el diálogo. Uno de ellos empujó a un periodista que grababa con el móvil. Otro bloqueó la puerta. En cuestión de segundos, la sala quedó bajo su control. Nosotros terminamos arrinconados en un lateral, sin posibilidad de intervenir. No era un gesto espontáneo: las camisetas y los mensajes eran parte del dispositivo del oficialismo para tomar espacios clave cuando comenzaba el recuento.

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A lo largo del día, la candidata oficialista, Rixi Moncada, había proclamado varias veces que iba ganando incluso antes del cierre de urnas. Para la oposición era el síntoma de una estrategia más amplia: administrar el caos, expulsar a las miradas independientes y crear zonas opacas donde controlar el flujo del escrutinio. Lo que vi en ese aula fue la traducción física de ese temor: un grupo organizado, alineado con el partido en el poder, dispuesto a sacar por la fuerza a cualquiera que pudiera documentar lo que allí ocurría.

La presidenta de mesa, del Partido Nacional, estaba desbordada. Nos contó llorosa que la habían obligado a cerrar la urna antes del horario oficial, dejando a decenas de votantes fuera. Yo mismo vi cómo una mujer del mismo grupo, identificada como coordinadora de Libre, la grababa con el móvil y exigía que clausurara el centro. Eran las 17.40. El Consejo Nacional Electoral había ampliado el horario hasta las 18.00, pero aun así la presionaron para cerrar antes. Era una fuerza callejera doblando las normas por la vía de los hechos consumados.

Minutos antes, en la misma universidad había estado Salvador Nasralla, favorito en los sondeos. Aseguró que forzar el cierre de un centro era un delito electoral. Su equipo denunció que activistas del partido Libre intentaron impedirle el acceso al aula donde ya había sido clausurada la urna. Nasralla se enfrentó a ellos, pidió respetar la ampliación del horario, y el grupo terminó retirándose. La escena mostraba el nivel de tensión instalado en el país.

A los periodistas y observadores nos tuvo que extraer el Ejército y no pudimos ver el recuento. Lo ocurrido en el centro 10.565 no fue aislado. En distintos centros de Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo fallos del sistema biométrico, mesas que abrían con horas de retraso, material incompleto, discrepancias entre votos digitales y papeletas físicas, y activistas presionando a miembros de mesa. Hubo cierres irregulares de urnas e intentos de impedir la presencia de observadores. La palabra que más repetían los votantes era frustración.

Ese telón de fondo alimentó un temor real: que Honduras estuviera entrando en una deriva similar a la venezolana, donde el caos se usa para controlar la narrativa. Cuando finalmente salimos del 10.565, rodeados por soldados, entre gritos e insultos, la tensión seguía en el aire. Afuera, decenas seguían esperando para votar pese a que las urnas ya estaban cerradas. Algunos gritaban contra el oficialismo, otros pedían que se respetara el proceso. Mientras tanto, en Washington y Bruselas, la OEA y otras misiones registraban cada incidente. Honduras votaba bajo un clima cargado, pero también bajo una supervisión internacional inédita. Y eso impidió que aquel episodio se convirtiera en la norma de una elección que, finalmente, ganó la oposición.